Dialogar, ¿para qué?

El diario digital, El Español, edita un acertado artículo firmado por Pedro Insua. De dicho artículo, elblogdefcosvi, únicamente tenemos  una discrepancia, es la misma que mantenemos con la mayoría de los medios de comunicación, opinadores y políticos, que no es otra que; "No existe confrontación Catalunya con España", tampoco hay, "conflicto con Catalunya", ni "problema con Catalunya". La confrontación, el conflicto, el problema que tiene el Estado Español y que, no es en absoluto menor, es con unos osados, manipuladores, populistas y antidemocraticos políticos, determinados sectores sociales y mediáticos catalanes, que no son otros que, los de la argucia política disfrazada de independencia.   

Pedro Insua (Vigo, 1973), licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Colabora con sus escritos en revistas de filosofía, escritor y colaborador en diversos medios de comunicación. Como Investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno ha intervenido en diversos cursos, congresos y ciclos de conferencias tanto nacionales como internacionales.

Consideramos que dicho artículo puede ser de interés para nuestros lectores, por ello, lo adjuntamos en elblogdefcosvi.

Dialogar, ¿para qué?

Pedro Insua

diario digital, El Español 

COLUMNAS SAL-LE AL PASO

Por:Pedro Insua  

07-02-2020

La confrontación España/Cataluña, sobrentendida como una relación de tensión en la que la segunda aspira, al parecer, a ejercer unos derechos soberanos que la primera le impide, es completamente tendenciosa y falaz (inducida por el nacionalcatalanismo) porque parte, precisamente, de una falacia de petición de principio, a saber: la de presuponer a Cataluña como una nación cuya constitución se ha producido al margen de España, con derechos adquiridos que le han sido hurtados (por ejemplo, hacia 1714), y que, ahora, España tiene la obligación “democrática” de devolverle.

Consecuencia necesaria de esta petición de principio es que la reivindicación de un referéndum para ejercer el presunto “derecho a decidir” se vuelve paradójica: si solo votan “los catalanes”, entonces ya se considera a Cataluña como nación soberana (y por tanto independiente), siendo así que un referéndum que sancione tal hecho, al margen del resultado, sería completamente superfluo (para poder votar y decidir si son nación o no tienen, ya, que ser nación).

Por otra parte, si a Cataluña se le considera parte de España, como una región entre otras, entonces el referéndum involucraría al resto de la nación española, en su integridad, que como sujeto decisorio seguiría determinando el estatuto político de Cataluña. En un primer caso, en el que decidan sólo los catalanes, no haría falta votar, porque ya se le ha concedido desde el principio aquello que se quiere decidir (y no por resultado de la votación, que aún no se produjo); en un segundo caso tampoco hará falta votar, porque, también desde el principio, y de nuevo al margen del resultado, este sería consecuencia de un derecho ejercido por todos los españoles.

No hay, pues, posibilidad de una vía “plebiscitaria” (“democrática”) hacia la separación de Cataluña, de tal modo que si esta, finalmente, se produjese (y no hay ninguna razón para pensar que no se pueda llegar a producir), nunca sería porque “los catalanes” hayan decidido “su futuro”, sino porque la facción separatista, y por las vías que fueran (la negociación, el diálogo, el chantaje, la extorsión, etc), se habría terminado por imponer al resto, impotente para evitar la fragmentación e impedir que una parte se apropie de lo que no es sólo suyo.

Y es que este sería, y no otro, el resultado de la separación de Cataluña: no la “restauración” de unos derechos que nunca han existido, los de esa fantástica Cataluña soberana, sino que representaría un auténtico saqueo, una usurpación, operado sobre los españoles (incluidos naturalmente los catalanes), al hurtarles una parte de su territorio, la región catalana, que, de momento, sigue siendo suyo, del conjunto de la nación española, mientras no se renuncie a él.

El nombre que el separatismo le ha dado a esta usurpación es el de “derecho de autodeterminación”, y que no es otra cosa, en realidad, que un salvoconducto eufónico para ejercer la exclusión y la segregación sin cortapisas de unos españoles por otros, buscando, en último término, su división y enfrentamiento.

Hable de lo que hable Sánchez con Torra, y Torra con Sánchez, ninguno tiene autoridad ni derecho a dividir y enfrentar a los españoles, siendo así que una sociedad dividida y enfrentada es, naturalmente, menos libre -soberana- que unida y coordinada. Una España rota y dividida en pequeños estados significaría para ellos, no la “independencia”, como pretende el separatismo y cómplices, sino mayor dependencia de otros estados más grandes y poderosos e, incluso, de empresas multinacionales, para las que los nuevos estaditos serían presa fácil.

Naturalmente que esto es un conflicto de naturaleza “política” por el que España está sufriendo la embestida de la amenaza separatista, de tal manera que, si los planes de las facciones separatistas salen adelante, ello supondría la descomposición nacional. Y esto es lo único que ofrece Torra a la sociedad española, su descomposición nacional.

Un golpe de estado como una casa

El diario, El Periódico publica hoy un apropiado artículo de opinión, firmado por Joaquim Coll. (Barcelona, 1967), licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona.  Escritor, ensayista y colaborador en diversos medios de comunicación.  Como escritor son varios sus libros editados, a su vez también es coautor de otras diversas obras. 

Por considerar que el artículo de opinión publicado en El Periódico y firmado por Joaquim Coll, puede ser del interés de nuestros seguidores, lo adjuntamos en elblogdefcosvi.

Joaquim Coll

Un golpe de estado como una casa

por: Joaquim Coll

El Periódico 

a 12-06-2019

Sorprende el disgusto que ha causado a muchos la descripción del fiscal Javier Zaragoza del 'procés' como un golpe de Estado. Lo dijo invocando a un clásico del derecho como el austriaco Hans Kelsen, que tuvo que huir de los nazis. También en Catalunya se utilizaron vías ilegales para derogar la Constitución e intentar alcanzar la independencia. Esa es la verdad aunque incomode y escandalice. Desde las filas secesionistas se niega la mayor porque sería reconocer el carácter antidemocrático de la vía unilateral. Lo que se entiende menos es que una parte de la opinión catalana no separatista compre acríticamente el relato del farol, de que todo fue simbólico y solo hubo desobediencia. Pues bien, si lo del golpe de Estado no gusta, imaginen en su lugar a unos ladrones que se disfrazan de payasos para asaltar un banco con pistolas de juguete que parecen reales. Exigen con determinación el botín aunque lo hacen apelando al buen rollo, despertando incluso la simpatía del público. Si logran el robo serán elevados a la categoría de genios, pero si la Policía actúa a tiempo y salen corriendo alegarán que todo era una broma. ¿Tampoco merecerían ser juzgados?

Aunque incruenta, hubo rebelión

El 'procés' no fue ninguna payasada sino un golpe de Estado como una casa, porque se intentó sustituir el orden constitucional por la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana votada en el Parlament el 7 de septiembre de 2017. Sobre ese punto no cabe ninguna duda. Ha sido el golpe más largo de la historia, que no se limitó a lo declarativo sino que hizo abiertos intentos de preparar la desconexión en cuestiones de hacienda pública y tributaria, como ha investigado el juzgado número 13. Ese propósito nunca fue un secreto. Ahora bien, en su traducción penal el asunto se complica mucho, porque la rebelión exige un alzamiento violento. La última palabra sobre la suficiencia e idoneidad de la violencia la tienen los jueces, pero que hubo hechos violentos es innegable, como agresiones físicas a policías, actos de hostigamiento frente a los acuartelamientos de la Guardia Civil y en los hoteles donde las fuerzas de seguridad se alojaban, coacciones, amenazas, insultos, destrozo de vehículos, etcétera. Contra lo que a veces se afirma, no hace falta que el alzamiento sea armado ni cruento para que haya rebelión. Tampoco fueron unos simples desórdenes públicos, sino que la movilización impulsada por las entidades soberanistas tenía como fin llevar a cabo el referéndum para legitimar la independencia anunciada. Los acusados, la mayoría de los cuales eran autoridades públicas, habían garantizado ese vínculo con leyes, decretos y reiteradas declaraciones para animar a la ciudadanía a votar. En realidad, la responsabilidad última de todos los episodios de violencia, incluida la ejercida por los cuerpos de seguridad para cumplir con la orden judicial de impedir el 1-O, podría ser atribuida a los acusados, que fueron advertidos de los riesgos de mantener la convocatoria por los Mossos.

También la abogada del Estado reconoció en sus conclusiones finales que hubo violencia aunque no formase parte “estructural” del plan secesionista. Es una pirueta argumental para pedir solo sedición y responde a la voluntad del Gobierno de Sánchez de echar agua al vino. No sonó muy convincente en boca de la letrada Rosa María Seoane, pero como estamos ante algo inédito, un golpe civil desde las instituciones autonómicas, serán los jueces del Supremo los que fijen qué tipo de violencia es necesaria para la rebelión posmoderna. Pero negar que hubo un clima intimidatorio se parece mucho a cuando los niños pequeños se tapan los ojos con la mano para no ver la realidad que tienen delante. Lo mismo ocurre con la malversación, que también se cuestiona con tecnicismos pese a las evidencias. La fantasía de que no se gastó un céntimo público se fue por el desagüe el día que las cuatro abogadas del Estado explicaron el principio del devengo.

Fracaso político

Finalmente, el último asidero para negar la rebelión es que los acusados ni declararon de verdad la independencia ni intentaron retener el poder el 27 de octubre. No hubo oposición de ningún tipo, se enfatiza. Se trata de un argumento sorprendente porque el hecho mismo de que el Senado tuviera que aprobar el 155 para restablecer el orden constitucional, sin olvidar el grave discurso de Felipe VI, ya es en sí mismo una prueba de que las autoridades de la Generalitat se negaban a deponer su actitud. El fracaso político no les exime de su responsabilidad penal, que el tribunal tendrá que argumentar en base a la participación de cada acusado en los hechos probados.

La batalla de Barcelona

El acreditado diario El País, en su edición de hoy, en las páginas de opinión, adjunta un muy interesante artículo, firmado por Joaquim Coll.  

Por considerar que dicho artículo puede ser del interés de nuestros seguidores, lo adjuntamos en elblogdefcosvi. 

Joaquim Coll, Barcelona. Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, especializado en la política de los siglos XIX y XX  Ha sido también profesor asociado en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue presidente de la Fundación Joan Boscà. Fue uno de los impulsores de la organización de Federalistes d'Esquerres. Es colaborador en diversos medios de comunicación, como, El Periódico,  El País, diario digital Crónica Global, etc. 

Barcelona, ciudad (fotografía de Google) 

La batalla de Barcelona

Las próximas elecciones municipales pueden suponer que en la capital catalana se exacerben las tensiones secesionistas o bien se experimente un punto de inflexión. Conquistar la alcaldía es la clave

por. Joaquim Coll 

El País

26/09/2018 

Entre las batallas de las próximas elecciones municipales, la de Barcelona promete ser particularmente relevante porque puede agudizar la tensión secesionista o marcar un positivo punto de inflexión. No olvidemos que uno de los factores que dieron seguridad a Artur Mas para lanzarse en 2012 a la aventura del procés fue el hecho de que CiU conquistase el año anterior la capital catalana tras 32 años de alcaldes socialistas. Con el Ayuntamiento en manos de Xavier Trias, la Generalitat pudo llevar a cabo sin contrapesos institucionales la gigantesca operación de propaganda en torno al Tricentenario de 1714, con un ultranacionalista como Quim Torra dirigiendo el centro cultural del Born. Fue una campaña orientada a legitimar la recuperación de ese “Estado propio” perdido y, consecuentemente, a impulsar la consulta soberanista de 2014, que en algunos casos se llevó a cabo en escuelas municipales. Al año siguiente, el resultado electoral en Barcelona influyó también en el curso del procés.  Trias perdió la alcaldía a manos de una advenediza, Ada Colau, y ERC, que el año anterior había ganado las europeas, empató en tercera posición con Ciudadanos. La suma de ambas decepciones, la de los convergentes y de los republicanos, abrió la puerta a la lista unitaria de JxSí para las autonómicas de septiembre de 2015 que, con carácter plebiscitario, Mas había anunciado con mucha anterioridad, derrumbando la negativa de Oriol Junqueras a concurrir en una única candidatura.

Si en 2011 Trias pudo arrebatar a Jordi Hereu la alcaldía, no fue por la fuerza de su liderazgo, sino porque los materiales de la Barcelona socialista estaban muy erosionados, a lo que contribuyó el agónico final de la etapa Zapatero y el impacto del movimiento 15-M. Ese año, CiU se alzó por primera vez con la victoria en unas elecciones generales, mientras el PP catalán quedó en tercera posición, como en los mejores tiempos de Aznar. Sin embargo, la creciente tensión secesionista imposibilitó el acuerdo estable entre las derechas para gobernar Barcelona, con lo que a mitad del mandato el nuevo alcalde empezó a perder votaciones en el pleno. Pronto se evidenció la ausencia de un proyecto de ciudad y la mediocridad de su gestión hasta el punto de que acabó siendo reprobado tras los graves disturbios por el desalojo de Can Vies, un centro social ocupado en el barrio de Sants. Cuando en la noche electoral Trias constató su derrota, se dirigió a Mas diciéndole que lo sentía sobre todo por él. En efecto, bajo su mandato el Consistorio barcelonés hizo un seguidismo absoluto de las políticas del Govern, a quien socorrió financieramente ante la situación de bancarrota de la Generalitat. Y aunque Colau simpatizaba con el procés y se había hecho independentista de ocasión, su inesperada victoria dio alas a un nuevo espacio político en Cataluña, el de los comunes, en sintonía con la ola morada que en mayo de 2015 alcanzó el poder en los grandes municipios de España. Entre el constitucionalismo y el separatismo, se creó un tercer espacio, favorable a un referéndum pero muy heterogéneo en cuanto a la secesión, que en la práctica ha hecho de dique de contención frente a la vía unilateral.

Aunque Colau simpatizaba con el procés, su inesperada victoria dio alas a un nuevo espacio político en Cataluña

Si bien Colau se alzó con una victoria pírrica (11 concejales sobre 41), por un momento pareció que su fortaleza era mayor: ERC y PSC la invistieron con mayoría absoluta para no negarle la legitimidad del cambio que encarnaba. Y, sin embargo, la alcaldesa no ha podido fraguar en todos estos años ningún consenso de ciudad, ha sufrido crecientes reveses en el pleno y su gestión ha sido reprobada hasta tres veces. Solo el primer año pudo sacar adelante los presupuestos por la vía ordinaria, mientras que el resto del mandato ha vivido un auténtico vía crucis hasta llegar a un último verano horrible en seguridad, limpieza y civismo. El equipo de Colau ha sido víctima de su arrogancia y del desprecio hacia la gestión del que hace política municipal desde el sectarismo ideológico. La dinámica destructiva del procés también ha pasado factura a la alcaldesa al hacer inviable su deseo inicial de un tripartito con republicanos y socialistas por el rechazo de los primeros a gobernar con una fuerza constitucionalista. Aunque finalmente el PSC sí se incorporó a su equipo, fue expulsado de malos modos tras la aplicación del artículo 155 por una maniobra de los sectores más soberanistas de los comunes ante la incapacidad de Colau por salvaguardar la autonomía de su proyecto municipal. Fue un grave error que solo ha hecho acentuar el desgobierno de la ciudad y acelerar la dinámica preelectoral para las municipales de mayo.

La única fórmula ambiciosa es la candidatura del exprimer ministro francés Manuel Valls

A pocos meses de esas elecciones, la impresión es que el espacio de los comunes (ese PSUC del siglo XXI con el que el dimitido Xavier Domènech soñaba) no ha cuajado. Aunque Colau mantiene un cierto atractivo mediático, no es una figura respetada más allá de sus bases, a diferencia, por ejemplo, de Manuela Carmena en Madrid. Ha tirado por la borda la posibilidad de reinventar el maragallismo por la izquierda y creado un fuerte rechazo hacia su persona con gestos oportunistas y un afán ridículo de notoriedad. Las municipales están muy abiertas y van a convertirse en una batalla política trascendente. También en una oportunidad para poner encima de la mesa las necesidades de la metrópolis (por ejemplo, en infraestructuras o vivienda) que tanto el procés como el adanismo de Colau han orillado. La espantada de Alfred Bosch para ceder el paso a Ernest Maragall (por eso del apellido) señala que los independentistas irán en listas separadas, lo que deja a los neoconvergentes de Puigdemont en una posición complicada y ante la duda sobre quién puede ser su mejor alcaldable. En el lado constitucionalista, el PP corre el riesgo de desaparecer del Consistorio, mientras el PSC aspira solo a rehacerse del descalabro electoral de 2015 con Jaume Collboni de nuevo. La única fórmula ambiciosa es la candidatura del ex primer ministro francés Manuel Valls, barcelonés y muy activo desde hace tiempo en su crítica al separatismo y a los populismos en Europa. Si bien recibiría el apoyo de Ciudadanos, se trata en realidad de un candidato independiente que quiere ir más allá de los partidos. Su reto es liderar una lista transversal con un discurso potente de ciudad global y metropolitana, pero sin olvidar que las elecciones se ganan en los barrios en torno a los problemas concretos. Pese a las dificultades de algo tan novedoso, puede ser un factor disruptivo en la política catalana y, si triunfa, podría liberar a Barcelona de la tensión secesionista que ha impedido gobernarla desde 2011 atendiendo a sus auténticas necesidades.

Un 155 para reconducir Cataluña

El Diario La Razón, en su Editorial del día de hoy, 17 de septiembre, adjunta un buen artículo en su editorial, concretamente se refiere a la propuesta del actual líder del Partido Popular; estudiar la posibilidad de tener que aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución Española dada la situación política en Catalunya.

elblogdefcosvi, esta de acuerdo con la mayoría del escrito de la editorial de La Razón, pero este no, a nuestro criterio, debería estar razonado a partir de lo que el hoy presidente del Partido Popular esgrime con tanta vehemencia, ya que, a nuestro juicio, este partido en el cual ya el actual presidente era figura destacable, tiene una parte importante de responsabilidad de lo que está aconteciéndose políticamente y socialmente en Catalunya, dada, a nuestro criterio, la enorme inoperancia política ejercida por el PP, incluyéndose  la enorme nefasta utilización en la aplicación del articulo 155, el cual es totalmente democrático. 

Entendemos que, para poder darle fuerza moral a la propuesta del líder del Partido Popular, antes éste debería pedir disculpas a la ciudadanía, principalmente a la catalana y posteriormente a la del resto de España, por la enorme torpeza política ejercida por su partido y su anterior presidente Mariano Rajoy, desde principio a fin sobre el gravísimo problema de estado que aun con toda virulencia persiste.  

No es ningún absurdo político antidemocrático, debería procederse prácticamente sin demora, tras un debate político en el marco correspondiente  con total trasparencia,  hacia  la  ciudadanía catalana, del resto de España y del exterior, dada la insostenible perjudicable dominación antidemocrática  de los desacatadores políticos catalanas, de sus organizaciones civiles que hacen y deshacen a su antojo, y del apoderamiento de los medios de comunicación públicos que está aconteciéndose en Catalunya desde hace ya  demasiados años, lo cual en absoluto favorece al Estado, a ningún estado democrático

Coincidimos con el diario La Razón que el artículo 155 de la Constitución, su aplicación no supone la merma de ninguno de los derechos adquiridos, es más, en mi opinión, representa la recuperación de los derechos democráticos, estos burlados escandalosamente y constantemente por los, a nuestro juicio, por el constante y cínico desacato de unos políticos catalanes que con total desconsideración general. La única realidad es que únicamente pretenden continuar en el poder y mantener el Statu Quo de los suyos, sin importar el precio.

Por entender que dicho artículo publicado en la Editorial del diario La Razón, puede ser del interés de nuestros lectores, lo publicamos en elblogdefcosvi. 

Un 155 para reconducir Cataluña

Editorial 

Diario, La Razón 

17/09/2018

El artículo 155 entró en vigor el pasado 27 octubre y se levantó 218 días después, el 2 de junio, cuando el nuevo presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, tomó posesión del cargo, tal y como estaba previsto. Fue lo acordado en aquel momento por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. 

Durante aquellos días, Cataluña vivió una situación inédita que siempre fue anunciada por el nacionalismo catalán poco menos que como un apocalipsis. No fue así. Era de tal nivel el incumplimiento de las leyes y la Constitución y la senda antidemocrática emprendida por los dirigentes independentistas que retomar el orden constitucional y el respeto a la legalidad supuso un verdadero bálsamo que recondujo una situación que iba directamente al enfrentamiento civil.

Por otra parte, se ocupó de la nada desdeñable gestión de asuntos diarios que el Govern había abandonado: 2.000 plazas para docentes se abrieron a concurso, una prestación de 564 euros que recibirán las familias más pobres de Cataluña, o los 2.750 millones de euros destinados a pagar a proveedores.

En primer lugar, el 155 no supone la merma de ningún derecho, ni la derogación del Estatuto, sino que sea directamente el Gobierno de España quien se haga cargo de la Generalitat intervenida y de otros órganos. Su aplicación frenó una deriva antidemocrática de preocupante sesgo autoritario. 

Sin embargo, una vez levantada la intervención de la autonomía, el independentismo ha vuelto a utilizar las instituciones catalanas con el mismo objetivo de desestabilizar al Estado, sólo que con la precaución de no saltarse las leyes cuyo incumplimiento le acarrearía la inhabilitación para cargo público u otras condenas mayores. 

Pablo Casado ha propuesto que el 155 vuelva a entrar en vigor dada la persistencia en la declaración unilateral de independencia y el llamamiento al enfrentamiento en el que persiste Torra (¿cómo entender su «encender pacíficamente» Cataluña ?). Su propuesta incluye, además del cese del presidente de la Generalitat, su gobierno y la intervención de toda la administración catalana, incluido los Mossos d’Esquadra, la gestión de la Educación y TV3. En ese último caso, se trata de una herramienta que se ha utilizado al servicio del nacionalismo con un mensaje que en nada ha ayudado a la convivencia. 

Esa es una lección aprendida del primer 155: el independentismo ha roto cualquier vínculo de lealtad con el Estado. Y hay otras lecciones a tener en cuenta: de haberse aplicado con más tiempo, es decir, sin esperar a la declaración unilateral del 27 de octubre, se hubiese tenido el control de la policía autonómica, que hubiera actuado en estricto cumplimento de la legalidad en la jornada del referéndum del 1-0 y se hubiese evitado que los medios comunicación públicos actuasen como un aparato propagandístico llamando a una votación abiertamente ilegal. 

La aplicación del 155 debe entenderse como herramienta constitucional para frenar procesos de abierta ilegalidad antes de cometerse, a sabiendas de que la Generalitat persiste en el delito. Hasta muchos independentistas se lamentan de que de haberse puesto en marcha antes, no habría habido aquellas vergonzosas sesiones de los día 6 y 7 de septiembre, no hubiese habido declaración de independencia y hoy no habría dirigentes procesados por rebelión y sedición. No debería echarse en saco roto la propuesta de Casado, planteada desde la mayoría de la que dispone el PP en el Senado para autorizar al Gobierno a utilizarla, que podría nombrar un Ejecutivo en Cataluña en funciones, de amplia representación, capaz de participar en una reforma territorial realista y dentro de la Constitución.

Cataluña, el golpe de Estado permanente

El acreditado diario ABC, en su página de opinión, Tribuna abierta, inserta un muy acertado y respetuoso artículo sobre lo que su autor, el General Ricardo Martínez Isidoro, de forma muy sucinta opina sobre la gravedad  que está acaeciéndose  desde hace ya seis años en Cataluña.  

Por entender que dicho artículo puede ser del interés de nuestros seguidores, lo insertamos en elblogdefcosvi.

Cataluña, el golpe de Estado permanente

Por: General Ricardo Martínez Isidoro

diario, ABC

Tribuna Abierta 

08/09/2018

François Mitterrand, flamante presidente de la República francesa en 1981, escribía en 1964 su obra, «El golpe de estado permanente», refiriéndose antaño a la ejecutoria política del entonces presidente, el inefable Charles De Gaulle, ejerciendo la reglamentaria oposición parlamentaria y política en profundidad. Más tarde, llegado aquel a la Presidencia, por dos mandatos de siete años, desarrolló un ideario «gaullista» con meros cambios cosméticos, dos ministros comunistas en su Gabinete y cambios de nombres a algunos organismos militares significativos, convirtiéndose en el más adicto de los presidentes socialistas a la V República que ha tenido Francia.

Lo que está sucediendo en la comunidad autónoma de Cataluña, larvado desde hace muchos años («la larga marcha»), se le puede llamar también «golpe de estado permanente», con mucho más sentido probablemente que en la obra de Mitterrand, dado que se ha alcanzado el cenit del golpismo, con la disposición en Madrid, como consecuencia de una moción de censura coyuntural, de un Gobierno central que se mantiene con el apoyo de los votos de todas las formaciones independentistas catalanas, nacionalistas vascas y extrema izquierda próximas a las tesis de los golpistas.

Me animo a analizar esta situación por varias razones, todas ellas descritas en mi artículo publicado en ABC el 30/09/17, víspera del malhadado intento de referéndum en Cataluña, pero también por mi condición de Oficial General del Ejército en situación de retirado, aspecto por el que probablemente, espero, no se producirá quebranto si reitero de nuevo «que a mí me sigue importando Cataluña», y mucho. Además, y como consecuencia de lo anterior, soy partícipe «alícuotamente», de la misión constitucional que el artículo 8º del Preámbulo de la Constitución confiere a las Fuerzas Armadas; la segunda razón de mi análisis son mis antecedentes de analista de los riesgos, amenazas y desafíos que pesan sobre España, en un periodo activo de mi carrera profesional, también por el momento especialmente graves que estimo concurren en nuestro país, con respecto a su cohesión y por ende en la misma Unión Europea, espacio de unidad política a la que debemos tender, y que se ve seriamente comprometido por las últimas decisiones judiciales, y alguna política, que aunque independientes, según Montesquieu, no dejan de sorprender por la magnanimidad y comprensión para con los autores del golpe de estado en Cataluña.

Los que vivimos en directo el intento fallido del golpe de estado del 23 de febrero de 1981, desde instituciones con cierta capacidad de observación general, y analizamos su resolución fracasada, juzgada, sentenciada y rematada con el cumplimiento de largos años de prisión, ejemplarizantes en cualquier caso, cumplidas en general en establecimientos militares de lo más vetusto, los que había, y alejados, no dejamos de pensar que el Consejo Supremo de Justicia Militar de la época había cumplido con su trabajo, eso sí apreciamos sensibles diferencias con el bien llamado «procés», aunque habría que ponerle el apelativo de «subversivo».

En primer lugar se aprecia lentitud, la lentitud que es enemiga de la ejemplaridad, aunque sea la tónica de la mayoría de los procedimientos judiciales, pero resulta muy perjudicial y facilita la causa de los golpistas, pues dan la impresión de que van ganando en la consecución de sus fines. En segundo lugar, la profundidad en las reformas introducidas en las Fuerzas Armadas, a raíz del 23/02/1981, fueron profundas y consistentes, cuando en el caso catalán ha sido aplicado «un 155» somero y edulcorado, con poco énfasis en suprimir las causas del golpe de estado, adoctrinamiento, propaganda, grupos hostiles, racismo nacionalista, cumplimiento de sentencias, y un largo etcétera; finalmente, la implicación política general, de todas las fuerzas opositoras a los sucesos del 01/10/17, no ha tenido la convocatoria nacional y gubernamental que antaño, la iniciativa civil ha suplantado a la oficial, y aquella no ha tenido la manifestación rotunda debida que, aunque esperanzadora sin duda, no se acercó a la impresionante muestra de reparo nacional a los sucesos del 23 febrero de 1981.

Como aprendíamos en la magnífica y añorada Escuela de Estado Mayor, cuyos antiguos diplomados (3 años de estudios y preparación previa) siguen sin obtener las equivalencias en el marasmo de la Enseñanza Superior Militar actual, la subversión es un proceso que tiene por finalidad la conquista del Estado, y también la del estado de derecho votado por todos los españoles después de muchos años de privaciones políticas. Los procedimientos para conseguirlo pueden ser variados, los que en cada momento se precisen, los más adecuados a los fines propugnados, incluidos los violentos cuando sean necesarios y convenientes a la causa, aprovechando también las facilidades que proporciona el sistema político imperante, como es el caso.

La subversión en Cataluña existe, como existe la guerra en otros lugares, el enemigo, el combate y la muerte, aunque no sea el final para muchos, y se debe de huir de aquellos que no aceptan los hechos consumados, aunque no sean políticamente correctos, como el desafío que supone el golpe catalán, ahora aderezado por la favorable situación política en España.

Artículo 155 de la Constitución Española

No es posible mediar nada, lo único posible es 

negociar la reforma de la Constitución

Por: Francesc Costa

A 09/10/2017

De ser gobierno de España, ya hubiera aplicado aquello que el artículo 155 de la Constitución Española me permitiera, que no es la anulación de la Autonomía, todo lo contrario, en defensa de la misma y del interés general, muy principalmente el de Catalunya.

Hace demasiado tiempo que Catalunya está introducida en toda irracionalidad y vorágine política con adversas repercusiones sociales, económicas y de prestigio de país.  Consecuencia de una prolongada cadena de actos políticos llenos de antidemocracia, cinismo, egocentrismo, desconsideración, insensatez, osadía y alevosía, todo ello conjuntado en un agresivo y absoluto desafío por parte del gobierno de la Comunidad Autonómica de Catalunya   al Estado Español. Con el agravante que el pleito transformado arguaciamente en independencia, ha terminado interiorizándose en un 49% de la ciudadanía de Catalunya (18% aproximado de un respetuoso sentimiento independentista de años, de cuna, procedente de sus predecesores y entorno), provocándoles a su vez en una mayoría el sentimiento de la inquina hacia el Estado Español, según se les ha ido imbuyendo mediáticamente y con ello, el deseo irracional de independizarse de España. 

Han existido y existen más que suficientes motivos para aplicar el artículo 155 de la Constitución Española (existió el momento, lo fue los pasados días 6 y 7 de septiembre en el Parlament de Catalunya, a raíz de las ignominiosas decisiones antidemocráticas de los de la argucia política disfrazada de “independencia” etc.), como también los ha habido para aplicar el artículo 116, como al igual de la intervención de los Tribunales de Justicia. Dado que el gobierno autonómico de Catalunya y la coalición electoral que lo sustenta han incumplido de forma escandalosa y reiterada todas las normas y reglas del Estado de Derecho, es más, prácticamente se han burlado del mismo, con el correspondiente y continuado aplauso y vitoreo de dos serviles sometidas organizaciones, mal llamadas entidades civiles. 

Entendiendo que toda obligada intervención legal, más sobre aspectos en que en la ciudadanía está tan poralizada y sensibilizada, esta debería ser paralela de las correspondientes explicaciones del portavoz del Gobierno Central o bien del ministerio Fiscal, etc. dependiendo de quien las ejecutara y dirigidas a la opinión pública.

Explicaciones que a mi criterio deberían ser totalmente alejadas de cualquier partidismo político, únicamente circunscritas a la ley, y a su vez poseedoras de pedagogía y sensibilidad suficientes, con la finalidad de que la ciudadanía en general pueda comprender las razones de la legal intervención, al igual que por parte del llamado Mundo Occidental. No dando lugar dado el bajo nivel político existente, conjuntado a su vez con la prioridad del voto antes que de la ética democrática y política a que se inicie el “interesado” mensaje tan manido, de la “justicialización de la política”. 

En Catalunya, las continuas atrocidades políticas cometidas no se pueden solucionar hoy con política, como seria estimable, se ha llegado demasiado lejos con las constantes irregularidades democráticas, constitucionales y estatutarias efectuadas por el gobierno Autonómico de Catalunya y de los de la argucia política disfrazada de Independencia, etc. etc.   

Desde el día 3, 48 horas posteriores a la farsa del “referéndum”, fecha en la que se debía de ejecutar la independencia, pero…una vez más fueron de farol, continúan manteniendo en vilo a la ciudadanía, con todo el enorme perjuicio que ello significa.  Vencido el plazo de las 48 horas, la mayoría de los medios de comunicación y determinados políticos, incluidos los principales actores políticos sedicionistas, éstos sin enmendar la insensata actitud desafiante de proclamar unilateralmente la independencia del estado español, hablan y hablan de mediación.

Mediación que hasta el propio actor principal, el president de la Comunidad Autonómica de Catalunya demandaba que esta fuera de carácter internacional.  ¡Hasta a la Iglesia!, al parecer se le ha solicitado que intercede en favor de la mediación. Ya una parte de la misma, representada por 400 clérigos se dirigieron el pasado mes de septiembre al Papa Francisco para que intercediera a favor del ilegal referéndum. ¡Cómo es posible tal irreverencia, pedirle al Santo Padre que mediará a favor de una ilegalidad, una farsa, una amoralidad política, una utilización egoísta de la ciudadanía! Pero…que se está haciendo, se está refutando la frase que Jesús citó a los fariseos; “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Por lo que me atrevo a decir, que Dios me guarde de estos clérigos, alejados a mi criterio de lo que representa el cristianismo).

En mi opinión, no es posible mediación alguna, dado de que no se trata de un estado con respecto a otro estado. Se trata del gobierno de una de las 17 comunidades autonómicas del Estado Español que ha puesto a éste en todo un brete. Infringiéndose reiteradamente la Constitución Española, el estado de derecho, haciéndose caso omiso a las órdenes judiciales y no respetándose las más mínimas reglas democráticas.

En el muy supuesto que fuera posible una negociación por interés de Estado, que no alterara al conjunto del mismo, su composición, por ello sin de espaldas al mismo, esta debería ir acompañada previamente de una renuncia del gobierno Autonómico de Catalunya al insensato “procés” independentista y sin condicionar las correspondientes y diversas acciones judiciales que puedan existir. Aun así, sería muy difícil que se pudiera llegar a entender el negociar con unos representantes de unas organizaciones políticas pertenecientes a un Gobierno Autonómico, tenedor de un elevado grado de insolencia y además poseedor de un único pensamiento político y sin respetar cualquier otro.  A su vez, causante de toda una atrocidad política, mediática y social, sobre la cual no existe en años, parangón alguno en los países democráticos del llamado mundo occidental, obligándonos a retroceder a la Europa de principios del siglo XX.

Lo único que se podría iniciar y con visión de estado es la negociación para la reforma de la Constitución Española, principalmente sobre las Comunidades Autonómicas y revisión de algunos aspectos, aquellos aspectos que podrían resultar  más eficaces para  el bien general del País y de las propias Comunidades Autonómicas, también están aquellos aspectos a revisar y que pueden afectar  a los Estatutos Autonómicos, incluido el Estatuto Autonómico de Catalunya del 2006, cercenado por el Tribunal Constitucional el año 2010, a causa de un recurso presentado por el Partido Popular (el cual habría que restituir y a su vez aplicar las reformas constitucionales que se pudieran efectuar) 

Se ha llegado a este punto tan grave y extremo, por la colectiva irresponsabilidad de la clase política con respecto al incumplimiento constante de la Constitución Española, por la dejadez pedagógica de la misma en las escuelas, todo lo contrario de muchos de los países democráticos de nuestro entorno. De haberse efectuado, hoy seguramente se tendría en España una mayoría de la ciudadanía que hubiera hecho suyo la multinacionalidad, la multiculturalidad y el multilingüismo de España, toda una riqueza. Los nacionalismos conservadores español y catalán han impedido que sea así, posibilitándolo a su vez por miopía política y de la carencia de altura de miras del resto de los partidos políticos. De haber sido, seguramente la mayoría de la ciudadanía hubiera rechazado la utilización partidista e interesada que los partidos políticos han hecho y hacen de las diversas culturas existentes en España.  Y hoy, así estamos.

Una irresponsabilidad encabezada por los que hoy han situado a Catalunya en toda una auténtica adversidad general. Éstos, los de la argucia política disfrazada de independencia, etc. etc. Principalmente CDC, hoy PDeCAT (un cambio de nombre a causa de la corrupción y presunta), con sus políticas cortoplacistas, de las reivindicaciones constantes y del victimismo (rechazaron en su día el concierto económico, el instrumento jurídico que regula las relaciones tributarias y financieras ante la Administración General del Estado, el mismo que posee el país vasco), argucia política que les permitió gobernar 23 años consecutivos. Éstos son los responsables junto con ERC, de la gravísima situación en la que éstos últimos años se encuentra Catalunya, nunca se hicieron los deberes, solo se fue tirando de la rifeta (rifa). Y hoy con una parte del pueblo engañado y sin que nadie, supiera abrirles los ojos y ahora parece no desean abrirlos. 

No es nada baladí, lo ocurrido, lo que puede ocurrir con el gobierno de la Comunidad Autonómica de Catalunya el cual ha creado unos negativos y alarmantes precedentes que obligan a una profunda reflexión política y que a su vez debería de ser de autocrítica, existen todos los motivos. Que sin duda obligan a unas determinadas consideraciones sobre la Constitución Española y a los Estatutos Autonómicos, por ejemplo; sobre las transferencias y competencias a las Comunidades. Ello a raíz del continuado mal uso de determinadas transferencias y competencias que se han efectuado por parte de los diversos Gobiernos centrales al Gobierno Autonómico de Catalunya, sin que ningún  Gobierno central, principalmente el actual, el de Mariano Rajoy (Partido Popular) en toda una clara carencia de autoridad y de sentido de responsabilidad, esto último extensible al resto de los partidos políticos por omisión, tomara las correspondientes medidas para evitarlo.

Como ejemplo tenemos el triste papel con consecuencias de los mossos d’esquadra, la policia autonòmica de Catalunya, que por cierto, ya existiendo recelo sobre ellos con respecto al 1 de octubre, solo hubiera sido cuestión a modo de previsión, aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana. La debilidad y la falta de autoridad del gobierno central pasa factura política y menoscaba al País.  Otro aspecto a tener en cuenta es el control de la Caja autonómica, no es posible subvencionar a entidades que no tienen otra finalidad que la de movilizar y agitar a la ciudadanía en contra del Estado Español y todo oponente a la argucia política disfrazada de independencia, etc. etc. como tampoco lo es subvencionar medios de comunicación con la finalidad de propagar, publicitar y estimular a la ciudadanía con el pensamiento único de la Independencia. 

Habiendo otros aspectos a negociar, estos entre los partidos políticos catalanes, como lo es la Ley electoral de Catalunya, la única comunidad que carece de esta ley, una persona un voto, estando claro del injusto y fracaso que ha sido hasta la fecha el sistema electoral acogido. Y otro aspecto es revisar y en profundidad son los medios de comunicación públicos de Catalunya, todo un enorme y prolongado escándalo democrático y carente de toda ética deontológica.

Pero es que tampoco es posible negociación política alguna que descanse sobre los actores políticos tanto de aquí, como de allí, causantes de todo esta enorme vergüenza política y democrática que ha comprometido internacionalmente el prestigio del estado español o bien creado dudas sobre el mismo. 

Ignoro lo que ocurrirá mañana día 10 por la tarde en la comparecencia del Presidente Autonómico en el Parlament de Catalunya, aunque no sea la proclamación de la Independencia de Catalunya, que sea otra nueva artimaña prolongadora, o el anuncio de una convocatoria electoral. Lo ignoro, lo que no ignoro es que esta situación no se debe de prolongar. Como tampoco ignoro que en las circunstancias actuales ni en Catalunya ni en España se pueden convocar unas elecciones autonómicas ni generales, dado que no existen las garantías democráticas necesarias, muy principalmente por el estado anímico y de influencia mediática (otro aspecto nefasto, el de los medios de comunicación, principalmente los audiovisuales) en el que se encuentra la ciudadanía. Demasiados acondicionamientos para acudir a una votación.

  

Catalunya no puede, no debe continuar recibiendo tanto perjuicio social, económico y político. El Estado Español, Catalunya no puede estar viviendo con preocupación e inquietud lo que decidirá en cada momento el Gobierno Autonómico de Catalunya, acompañándose de organizadas agitaciones y movilizaciones y ciudadanas que únicamente contribuyen a la alteración de nuestra vida social, mientras a su vez éste continua con el atropello y deterioramiento democrático, político, mediático, económico y social de Catalunya.

La solución a mi criterio pasa independientemente de asegurarse que no pueda volver a ocurrir que unos cargos institucionales, utilizándose instituciones del estado y recursos públicos cometan un acto de sedición contra el Estado Español y todo lo que este representa.  Significando que cualquier reivindicación se puede efectuar dentro de los cauces de la legalidad.  Pues bien no ha sido así, todo lo contrario y más, por lo cual ha de pasar por accionarse el imperio de la Ley, la inhabilitación política del gobierno de la Generalitat y del resto de los de la argucia política disfrazada de independencia, etc. etc. aunque muchos no son los actores principales, han participado y se han comprometido con su firma. 

Inhabilitado el Gobierno Autonómico, debería pasar por el nombramiento de un gobierno de coalición, y  el posterior nombramiento de un consensuado presidente de la Generalitat. Todo ello con el Parlament de Catalunya suspendido como si estuviera en época vacacional, y preparar la convocatoria electoral para un plazo no superior a un año. Siendo a su vez prioritario el normalizar los medios de comunicación públicos de Catalunya, convertirlos en reales entes públicos, modernos, abiertos y al servicio general de la ciudadanía, sin partidismo político alguno, con informativos de calidad y pedagógicos en general, con informaciones veraces y constatadas. (imprescindible formular cartas de despido al mucho personal que ha dado muestras de un exagerado y entreguismo partidismo político). Imprescindible la actuación de la justicia sobre la ANC y sobre la dirección de Òmnium Cultural. finalización de las subvenciones a entidades y medios de comunicación. Que finalmente entre la buena política, vida democrática y de calidad social en Catalunya. 

Y a todo ello, habrá que exigirle al presidente del Gobierno español, señor Mariano Rajoy, responsabilidades políticas, su dimisión, por haber, poseyendo la autoridad no ejercerla,  parando desde un principio lo que muchos indicábamos que sucedería , que se estaba viendo, leyendo y escuchando que se estaba progresivamente materializando, como así ha sido. Una irresponsabilidad compartida por el resto de las fuerzas políticas. Toda una vergüenza, pues no se salva ninguna. ¡Pobre ciudadanía!, ¡pobre País!

Mañana se podrá comprobar el grado de nivel de estado que poseen, frente a lo que pueda ocurrir, no puede aceptarse que sea la estrategia