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sábado, 8 de septiembre de 2018

Cataluña, el golpe de Estado permanente

El acreditado diario ABC, en su página de opinión, Tribuna abierta, inserta un muy acertado y respetuoso artículo sobre lo que su autor, el General Ricardo Martínez Isidoro, de forma muy sucinta opina sobre la gravedad  que está acaeciéndose  desde hace ya seis años en Cataluña.  

Por entender que dicho artículo puede ser del interés de nuestros seguidores, lo insertamos en elblogdefcosvi.



Cataluña, el golpe de Estado permanente


Por: General Ricardo Martínez Isidoro

diario, ABC

Tribuna Abierta 

08/09/2018


François Mitterrand, flamante presidente de la República francesa en 1981, escribía en 1964 su obra, «El golpe de estado permanente», refiriéndose antaño a la ejecutoria política del entonces presidente, el inefable Charles De Gaulle, ejerciendo la reglamentaria oposición parlamentaria y política en profundidad. Más tarde, llegado aquel a la Presidencia, por dos mandatos de siete años, desarrolló un ideario «gaullista» con meros cambios cosméticos, dos ministros comunistas en su Gabinete y cambios de nombres a algunos organismos militares significativos, convirtiéndose en el más adicto de los presidentes socialistas a la V República que ha tenido Francia.

Lo que está sucediendo en la comunidad autónoma de Cataluña, larvado desde hace muchos años («la larga marcha»), se le puede llamar también «golpe de estado permanente», con mucho más sentido probablemente que en la obra de Mitterrand, dado que se ha alcanzado el cenit del golpismo, con la disposición en Madrid, como consecuencia de una moción de censura coyuntural, de un Gobierno central que se mantiene con el apoyo de los votos de todas las formaciones independentistas catalanas, nacionalistas vascas y extrema izquierda próximas a las tesis de los golpistas.

Me animo a analizar esta situación por varias razones, todas ellas descritas en mi artículo publicado en ABC el 30/09/17, víspera del malhadado intento de referéndum en Cataluña, pero también por mi condición de Oficial General del Ejército en situación de retirado, aspecto por el que probablemente, espero, no se producirá quebranto si reitero de nuevo «que a mí me sigue importando Cataluña», y mucho. Además, y como consecuencia de lo anterior, soy partícipe «alícuotamente», de la misión constitucional que el artículo 8º del Preámbulo de la Constitución confiere a las Fuerzas Armadas; la segunda razón de mi análisis son mis antecedentes de analista de los riesgos, amenazas y desafíos que pesan sobre España, en un periodo activo de mi carrera profesional, también por el momento especialmente graves que estimo concurren en nuestro país, con respecto a su cohesión y por ende en la misma Unión Europea, espacio de unidad política a la que debemos tender, y que se ve seriamente comprometido por las últimas decisiones judiciales, y alguna política, que aunque independientes, según Montesquieu, no dejan de sorprender por la magnanimidad y comprensión para con los autores del golpe de estado en Cataluña.

Los que vivimos en directo el intento fallido del golpe de estado del 23 de febrero de 1981, desde instituciones con cierta capacidad de observación general, y analizamos su resolución fracasada, juzgada, sentenciada y rematada con el cumplimiento de largos años de prisión, ejemplarizantes en cualquier caso, cumplidas en general en establecimientos militares de lo más vetusto, los que había, y alejados, no dejamos de pensar que el Consejo Supremo de Justicia Militar de la época había cumplido con su trabajo, eso sí apreciamos sensibles diferencias con el bien llamado «procés», aunque habría que ponerle el apelativo de «subversivo».

En primer lugar se aprecia lentitud, la lentitud que es enemiga de la ejemplaridad, aunque sea la tónica de la mayoría de los procedimientos judiciales, pero resulta muy perjudicial y facilita la causa de los golpistas, pues dan la impresión de que van ganando en la consecución de sus fines. En segundo lugar, la profundidad en las reformas introducidas en las Fuerzas Armadas, a raíz del 23/02/1981, fueron profundas y consistentes, cuando en el caso catalán ha sido aplicado «un 155» somero y edulcorado, con poco énfasis en suprimir las causas del golpe de estado, adoctrinamiento, propaganda, grupos hostiles, racismo nacionalista, cumplimiento de sentencias, y un largo etcétera; finalmente, la implicación política general, de todas las fuerzas opositoras a los sucesos del 01/10/17, no ha tenido la convocatoria nacional y gubernamental que antaño, la iniciativa civil ha suplantado a la oficial, y aquella no ha tenido la manifestación rotunda debida que, aunque esperanzadora sin duda, no se acercó a la impresionante muestra de reparo nacional a los sucesos del 23 febrero de 1981.

Como aprendíamos en la magnífica y añorada Escuela de Estado Mayor, cuyos antiguos diplomados (3 años de estudios y preparación previa) siguen sin obtener las equivalencias en el marasmo de la Enseñanza Superior Militar actual, la subversión es un proceso que tiene por finalidad la conquista del Estado, y también la del estado de derecho votado por todos los españoles después de muchos años de privaciones políticas. Los procedimientos para conseguirlo pueden ser variados, los que en cada momento se precisen, los más adecuados a los fines propugnados, incluidos los violentos cuando sean necesarios y convenientes a la causa, aprovechando también las facilidades que proporciona el sistema político imperante, como es el caso.

La subversión en Cataluña existe, como existe la guerra en otros lugares, el enemigo, el combate y la muerte, aunque no sea el final para muchos, y se debe de huir de aquellos que no aceptan los hechos consumados, aunque no sean políticamente correctos, como el desafío que supone el golpe catalán, ahora aderezado por la favorable situación política en España.

sábado, 25 de agosto de 2018

Toni Albà y TV3


Hasta la fecha, no teniendo conocimiento alguno, únicamente el del político, ex dirigente y ex diputado militante del PSC, señor Joan Ferran ha sido el que  en el 2007 cuestionó la falta de imparcialidad y objetividad informativa y periodística de la CCMA (TV3, 3/24 y Catalunya Radio). Volviendo a reincidir en sus críticas en su obra; Maleïda Crosta (2009), libro en el que hace referencia a la politización de los medios públicos catalanes, la descarada costra nacionalista que veía  en los mismos, así como a su vez, denunciaba  el cómo la izquierda catalana en cierta manera había  sucumbido al nacionalismo.  

Hoy, después de tantos años, una diputada del PSC en el Parlament de Catalunya; Beatriz Silva (Chile,1969) ha escrito un articulo de opinión editado el día de ayer, 24, en Crónica Global, donde denuncia las actitudes enormemente sectarias de los medios de comunicación públicos, concretamente de TV3 y Catalunya Radio.  Por considerar el artículo de interés para nuestros seguidores lo insertamos en elblogdefcosvi.

Extrañandome satisfactoriamente dicho articulo de denuncia, más siendo por parte de una diputada del PSC, dado que en mi opinión la actitud política de este partido político catalán, es de una carencia  total de denuncia ante el antidemocrático entreguismo y escandaloso enorme abuso partidista  de los medios de comunicación públicos de Catalunya, a favor del “procés” en todos sus variantes argumentos y en  unas claras posturas informativas y de comunicación que influyen en sus respectivas audiencias en generar pensamientos en contra del estado.


Beatriz Silva es periodista y política afincada en España, Catalunya, desde el 1995, donde además de ejercer el periodismo, estudió Historia del Arte. Forma parte de la ejecutiva de la plataforma Federalistas de Izquierdas, es vicepresidenta del Movimiento Democrático de Mujeres de Catalunya, así como responsable de comunicación de la plataforma de entidades Fedaia. 



Beatriz Silva 




Toni Albà y TV3

por: Beatriz Silva

24.08.2018

      
Toni Albà lo ha vuelto a hacer. Sus víctimas han sido esta vez Miquel Iceta y Lluís Rabell. El primero recibió los dardos homófobos del actor en forma de tuit. El segundo fue tachado de "hijo de puta". No es la primera vez que Toni Albà protagoniza episodios de este tipo. Actualmente está procesado por un delito de injurias y la lista de afectados por sus insultos es enorme. Tampoco es el único que lo hace. Otras figuras de TV3​ suelen protagonizar polémicas en la misma línea. El resultado siempre es el mismo. Digan lo que digan, no pasa nada. Siguen formando parte de la parrilla de nuestra televisión pública sin que se les exija siquiera una rectificación.

La pregunta que pasa por mi cabeza cada vez que esto sucede es qué ocurriría si una figura de TV3 llamara “mala puta” a Carme Forcadell o deseara públicamente a Jordi Sànchez que se "atrancara en su esfínter". ¿Seguiría en antena? ¿Cómo reaccionarían los que aplauden las incontinencias verbales de Toni Albà? ¿Por qué no somos capaces de darnos cuenta de que no podemos permitir el insulto venga de donde venga?

No hace mucho fuimos testigos de cómo la cadena norteamericana ABC cancelaba la que iba a ser su serie del año porque su protagonista, Roseanne Barr, había publicado un tuit ofensivo comparando a una asesora de Obama con El planeta de los simios. Roseanne Barr había borrado el tuit casi inmediatamente y publicado otro disculpándose pero antes del mediodía, la ABC anunciaba que la afirmación de la actriz era "abominable, repugnante e incompatible con nuestros valores" y que por esta razón cancelaba la serie. A esas alturas había una avalancha de condenas a las palabras de la actriz por parte de los profesionales de la ABC, pero también de sus compañeros de profesión.

Aquí ninguna de estas cosas ha sucedido nunca. Ni TV3 ha adoptado medidas ni los agresores se han disculpado ni tampoco ha habido una reacción de los compañeros y compañeras de profesión ni de los trabajadores de la CCMA. Esto a pesar de que TV3 es una cadena pública que se financia con los impuestos de toda la ciudadanía y que debería hacer gala de unos estándares ejemplares.

Todos somos conscientes de que la controversia en torno a la politización de los medios públicos catalanes no es nueva. Son muchas las voces que denuncian constantemente la manipulación y el uso partidista que se hace de TV3 y Catalunya Ràdio para promover el proceso independentista​ pero también para denostar a los que se oponen. Esta discusión debería ir, sin embargo, más allá. Deberíamos debatir sobre cuáles son las conductas que estamos dispuestos a normalizar desde la televisión pública y qué esperamos de los profesionales a los que hemos encomendado la labor de informar, educar y entretener. ¿Queremos tener una televisión pública como la BBC? Si es así, ésta no lo es.

TV3 nació en 1983 con el objetivo de normalizar el uso del catalán. Tenía que ser un medio para unir a la ciudadanía, tanto aquella que tenía el catalán como primera lengua como la que necesitaba mejorar sus competencias lingüísticas. Tenía que ser una televisión en la que todo el mundo se viera reflejado, que ayudara a crear comunidad en torno a la lengua. Unos objetivos que están lejos de cumplirse si hacemos caso al Barómetro de Opinión Pública del CEO, organismo dependiente de la Generalitat. El de junio pasado revelaba que un 45% de la ciudadanía de Cataluña ve habitualmente TV3, una cifra que coincide con el número de personas que votan a partidos partidarios de la independencia. La mayoría de personas que escogen opciones no independentistas y que coinciden en gran parte con los que tienen como primera lengua el castellano no la ven.

El consenso entre los operadores europeos es que el objetivo de las cadenas públicas tiene que ser representar a toda la ciudadanía sin excepción. Su misión debe ser informar en el respeto al pluralismo político pero también teniendo en cuenta la diversidad que integra la sociedad. La pluralidad y la imparcialidad tienen que ser el sello de los informativos que deben elaborarse de forma equilibrada y sin sesgos. Toda la ciudadanía debe verse reflejada de forma positiva en su televisión pública que tiene que contribuir además a reforzar valores como la convivencia. Todas, sin excepción, tienen códigos de conducta muy estrictos con respecto a sus profesionales. En el caso de las dos principales televisiones públicas europeas, la británica BBC y la alemana ARD, se alerta sobre los comportamientos negativos que puedan inducir a imitación.

TV3 y Catalunya Ràdio también comparten estas normativas sobre el papel. El libro de estilo de la CCMA recoge todas estas cuestiones y también aquellas relativas al comportamiento de los profesionales de la cadena: no pueden emitir mensajes ofensivos o despectivos, adoptar posiciones en los debates políticos ni manifestaciones públicas que puedan comprometer la imparcialidad de los medios donde se desempeñan. Esto vale no sólo para los contenidos que se emiten en antena sino también en redes sociales, blogs, entrevistas, artículos o tertulias.

Si hacemos un rápido repaso a las hemerotecas, vemos que esto está muy lejos de cumplirse. Los comentarios supremacistas e insultantes de Toni Soler son el pan de cada día. Figuras conocidas de TV3 y Catalunya Ràdio, como Mònica Terribas y Quim Masferrer, no sólo no hacen ningún esfuerzo por no desvelar sus opciones políticas sino que participan activamente como presentadores en actos organizados por entidades soberanistas. En uno de estos actos, Masferrer se permitió calificar a los españoles de “cabrones de mierda” y “panda de mangantes sarnosos”. Es impensable imaginar a Jeremy Vine, una figura de la BBC que ha protagonizado programas en la misma línea que el El Foraster, expresando insultos similares. O a Gavin Esler, periodista estrella de la BBC, presentando un acto a favor o en contra del Brexit.

¿Es legítimo que la televisión pública ampare estas conductas? ¿Queremos que el modelo a seguir e imitar por nuestros hijos e hijas sean personas que insultan sin disimulo desde todo tipo de tribunas? ¿Realmente queremos tener una televisión pública que sólo refleja a una parte y en la que muchas de sus figuras toman parte en un conflicto que afecta desde hace años nuestra convivencia? Si TV3 se financiara con un canon voluntario, como sucede con la BBC, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a financiar el sueldo de personajes como Toni Albà?

El sarcasmo es legítimo pero el insulto no lo es. El sarcasmo y la sátira desde una televisión pública no pueden tener como protagonistas siempre a los mismos porque entonces se convierten en herramientas de escarnio de una parte de la población contra la otra. Si queremos que el catalán sea una lengua apreciada y compartida por toda la ciudadanía, no podemos permitirnos gastar los 310 millones de euros que nos cuesta TV3 de esta manera. Tenemos que hacer otro tipo de televisión. Es urgente.