El enésimo giro de Sánchez: de
celebrar la llegada de "fondos buitre" a intentar vetar que compren
vivienda
El PSOE presumía en 2023 de que
BlackRock invirtiera en España para demostrar que existía seguridad jurídica,
mientras ahora Sánchez sitúa a los fondos en el punto de mira
Vozpópuli
Por: Mario Cortijo
06/10/26
El último giro se materializa ahora con los llamados decretos
“Maricarmen”, que endurecen las condiciones para que los fondos puedan
adquirir vivienda y limitan algunas de las operaciones que hasta ahora podían
realizar. La imagen del cambio de posición se remonta a noviembre de 2023.
El PSOE celebró entonces en X la llegada de BlackRock al
mercado inmobiliario español después de que el fondo estadounidense, junto a Grupo
Lar, se hiciera con el edificio de María de Molina 50, en Madrid.
"Para el PP, España se rompe, es una dictadura y no hay
seguridad jurídica. Deberían explicárselo al mayor fondo privado internacional
de inversiones", escribió la cuenta oficial de los socialistas,
compartiendo una información sobre la operación.
El mensaje tenía una lectura política evidente: frente al
discurso del PP sobre la supuesta falta de seguridad jurídica en España,
el PSOE utilizaba la llegada de uno de los mayores gestores de activos
del mundo como prueba de que los inversores internacionales seguían confiando
en el país. BlackRock y Grupo Lar terminarían formalizando en 2024
la compra de María de Molina 50 por unos 205 millones de euros
para levantar 153 viviendas y una residencia de estudiantes.
Tres años después, el discurso es otro. Pedro Sánchez
ha convertido a los llamados "fondos buitre" en uno de los objetivos
explícitos de su nueva batería de medidas. En sus enemigos, prácticamente.
Porque al presentar este martes los nuevos decretos de vivienda, el presidente
les hizo una mención especial, afirmando que las medidas "ponen pie en
pared a los fondos buitre" y defendió la necesidad de intervenir un
mercado que, a su juicio, está sometido a una fuerte especulación. Lo que
supone el enésimo “cambio de opinión” del presidente del Gobierno.
Porque ahora, después de apadrinar la llegada de los fondos, Sánchez
sostiene que existe una "concentración desmesurada del capital" que
influye en los precios y reclama una intervención pública mucho más intensa
sobre el mercado. El propio texto del decreto sitúa a los fondos de inversión
que buscan la máxima rentabilidad inmobiliaria dentro del problema que pretende
combatir la norma.
Una ley específica contra los fondos
buitre
El decreto aprobado por el Gobierno en Consejo de ministros
introduce una prohibición de determinadas compras especulativas: las entidades
cuyo objeto social incluya la adquisición de inmuebles no podrán comprar una
propiedad por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de
mercado. La medida afecta especialmente a operaciones sobre activos adquiridos
con fuertes descuentos, uno de los ámbitos en los que tradicionalmente han
operado grandes inversores inmobiliarios.
A ello se suma el nuevo blindaje frente a los desahucios y la
ampliación de las prórrogas de los alquileres, un paquete que afecta de forma
especialmente relevante a los grandes tenedores y a los propietarios
institucionales. El Gobierno también obliga a identificar en el Registro de
la Propiedad la condición de gran tenedor cuando se cumplan los requisitos
legales.
El giro resulta especialmente llamativo porque el propio
Ejecutivo mantiene, al mismo tiempo, una puerta abierta a la inversión privada.
El decreto crea un Fondo de Vivienda de Impacto Social precisamente con el
objetivo de atraer capital privado hacia proyectos considerados socialmente
positivos y contempla líneas de financiación y avales para promotores privados
de vivienda social o asequible.
De este modo, el argumento que en 2023 servía al PSOE
para presumir de que España atraía al "mayor fondo privado internacional
de inversiones" sirve ahora al Gobierno para justificar una regulación
destinada a limitar la actuación de estos inversores en el mercado residencial.
