Escandaloso respaldo de la Fiscalía al fugado Puigdemont

En opinión nuestra, la de elblogdefcosvi, que nada sabemos de leyes, pero si de lo que la democracia debe de representar, y que tristemente no está representando, entendemos de que ya de por si es toda una anomalía democrática que muchos de los políticos catalanes que participaron en los tristes hechos acaecidos entre los meses de septiembre y octubre, donde se violó la Constitución Española y el Estatut de Catalunya, además de no respetarse  los derechos del resto de los políticos parlamentarios opositores, representantes de un  52% de la ciudadanía catalana, estén muchos de ellos ocupando puestos políticos en las instituciones, como la del Parlament de Catalunya. Y para más inri, cuando el papel de éstos, continua siendo el mismo, ocupen a raíz de las elecciones generales del pasado 28-M, escaño en el Parlamento, en el Senado Español y lo puedan ocupar en el Parlamento Europeo.  Políticos catalanes que, desde los antidemocráticos y escandalosos hechos acaecidos de últimos del 2017, no han parado de hacer otra cosa que denigrar al estado español, a todo lo que este significa y aleccionar en ello desde los medios de comunicación públicos a muchísima de la ciudadanía catalana.  

Y encima de todo ello, unos ya cobran del estado, otros pretenden continuar haciéndolo y otros hacerlo, para desde el mismo, continuar con su labor anti-estado, este lleno a su vez de inquina hacia el mismo y a todo el que se les ponga enfrente.

Nada sabemos de leyes, pero es evidentemente que la democracia debe de establecer leyes que la salvaguarden de cualquier atrocidad cometida o que se pueda cometer contra la misma.  No ha sido así, no fue así, por ejemplo;  a raíz de la convocatoria electoral autonómica anunciada el pasado 27 de octubre del 2017,  por el Presidente del Gobierno central, señor Rajoy, unas elecciones para  21 de diciembre del 2017. Por lo cual, entendí , así lo consideré y escribí en su día en mi blog, elblogdefcosvi,  que  el gobierno central, debería  acordar con el resto de las fuerzas políticas la modificación con carácter de urgencia de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), con la finalidad de evitar que se pudieran presentar políticos catalanes en las autonómicas del 21-D que participaron en el Parlament de Catalunya en los graves hechos transgresores de septiembre y octubre del 2017. No fue así, y tampoco al prevalecer la prioridad política partidista, alejada esta de todo sentido de Estado, no lo ha sido para las pasadas elecciones generales del 28-A, ni lo será para las del próximo 26-M. 

Sin ética política y sin rigor democrático, no hay democracia,ni justicia.

El escrito nos lo ha provocado, la acertada editorial del periódico, El Mundo.  Por ello y por entender que la misma puede ser del interés de nuestros seguidores, la adjuntamos en elblogdefcosvi.

Escandaloso respaldo de la Fiscalía al fugado Puigdemont

Editorial 

periódico El Mundo

a 05/05/2019

Por primera vez desde que se iniciase el procés independentista, la Fiscalía se ha puesto de parte de los intereses de Puigdemont, un prófugo de la Justicia, procesado por el grave delito de rebelión, que pretende representar en el Parlamento europeo a una nación cuya Constitución no reconoce. Es cierto que España es uno de los países más garantistas de la UE, como se está demostrando en el juicio que está teniendo lugar en el Tribunal Supremo contra los políticos golpistas que proclamaron unilateralmente la independencia de una parte del Estado siguiendo el nada ejemplar modelo balcánico de los años 90.

Sin embargo, no es aventurado pensar que en la decisión del Ministerio Fiscal hayan primado más las directrices políticas que la defensa de unos supuestos derechos electorales vulnerados por la Junta Electoral Central (JEC). Por desgracia este Gobierno ya sentó un precedente de instrumentalización de la Justicia al obligar a la Abogacía del Estado a modificar su escrito de acusación, para descartar pedir penas por rebelión para los responsables del golpe de Estado de septiembre y octubre de 2017 y rebajarlas a la mitad, por el delito menos grave de sedición. Para ello, hubo que eliminar del documento la palabra violencia, como denunció Edmundo Bal, el abogado del Estado purgado por la ministra Dolores Delgado, por negarse a firmar tal tropelía.

En esta ocasión, el asunto es más grave ya que se trataría, en primer lugar, de un intento de desactivar a la Junta Electoral Central, la máxima autoridad del Estado en estas cuestiones durante los períodos electorales. Pero en segundo lugar, con su actuación, la Fiscalía estaría alimentando la imagen victimista que cultiva Puigdemont en Europa, donde presenta a España como un país que no respeta los derechos y libertades fundamentales. Resulta paradójico, por otra parte, que alguien con esa catadura moral, recurra a la legislación garantista de un Estado de derecho al que desprecia para lograr sus propósitos.

Porque si bien son razonables los argumentos aportados por la Fiscalía en respuesta al recurso presentado por Puigdemont y los ex consellers Antoni Comín y Clara Ponsatí contra la decisión de la JEC de no permitir su candidatura a las elecciones europeas en representación de Lliures per Europa (Junts), también lo es que la resolución de la JEC se ajustaba plenamente a derecho además de ser absolutamente lógica. ¿Cómo va a representar a España en una institución comunitaria un político que lideró un golpe de Estado y que ha huido para no responder ante la Justicia?

Finalmente, será el TS quien decida si los tres prófugos pueden o no presentarse, pero tendrá que tomar en consideración que, como dice la JEC, ninguno cumple el requisito mínimo e imprescindible de haber comunicado su lugar de residencia en el censo. El Gobierno no puede blanquear la imagen de Puigdemont para ganarse su apoyo y justificar su política de connivencia con quienes quieren destruir España.

La política y la ley o la conspiración de los supremacistas

Disentía, revista digital, adjunta un muy adecuado escrito sobre la realidad de la política catalana y respecto a esta con relación sin duda a la del resto de España,firmado por J.L. González Quirós. 

A nuestro juicio, una enorme y peligrosa situación, en la cual ni el anterior gobierno del Partido Popular ni el actual del PSOE, en una total inoperancia política están sabiendo zanjar y ofrecer a su vez ejemplaridad.  Y todo ha causa de los  antidemocraticos, tergiversadores, osados y desacatadores políticos de la argucia política disfrazada de independentismo y de cuantos argumentos sean precisos para no perder el poder ni el Statu Quo de sus apoyos mediáticos, los medios de comunicación públicos y las determinadas entidades civiles.  

La política y la ley o la conspiración de los supremacistas

Por, J.L. González Quirós

Disentía 

a 03/11/2018 

De las muchas cosas buenas que se podrían decir de la ley, tal vez la más importante sea la idea que se remonta a Aristóteles, que es mejor ser gobernado por reglas que por la voluntad de nadie, por sabio que éste pueda ser, es decir, que lo que llamamos soberanía ha de descansar en la ley.

Esta idea no es incompatible, más bien al contrario, con lo que se da por sentado en las democracias, que es el pueblo quien, ejerciendo su poder y velando por su conveniencia establece el orden y la legalidad vigente. Se trata de ideas que casi nadie contradice en la teoría, pero que en ocasiones se pretenden esconder y tergiversar en vista de algún bien que se considera superior. Sin embargo, la mayoría de las veces, ese supuesto bien que requeriría doblarle el espinazo al orden legal es una mera disculpa de quienes querrían disponer de un poder sin límites, para imponer su voluntad a todas horas.

Las leyes sólo pueden modificarse mediante reglas bien conocidas, que anidan en un ámbito al que se suele llamar Constitución

Ese es el razonamiento, absolutamente falaz, que está por debajo de quienes defienden que los conflictos políticos están por encima de la ley, que pueden y deben resolverse sin el recurso a ellas. Es verdad que la política existe, entre otras cosas, para cambiar civilizadamente de leyes y que las leyes no pueden considerarse eternas e inalterables, pero esa evidencia no puede emplearse contra lo fundamental, que las leyes sólo pueden modificarse mediante reglas bien conocidas, que anidan en un ámbito al que se suele llamar Constitución, a las que se debe un respeto absoluto, procedimental y moral.

El significado mismo de la palabra “rebelión” remite, precisamente a esa verdad esencial: quien incurre en rebelión es el que declara que no obedecerá las leyes contrarias a su designio, que se levanta contra ellas porque solo vale el imperio de su voluntad volviendo así a una violencia primitiva (lo que en latín se llama bellum, guerra) al saltarse alegremente las convenciones esenciales que permiten la convivencia, la paz, cosa que se hace, aunque no haya inicialmente ningún derramamiento de sangre, al declarar que ninguna Constitución les afecta porque su decisión está por encima de ella.

Esta disposición a vulnerar sistemáticamente las leyes y a desconsiderar absolutamente lo que establece la Constitución es la raíz misma de la guerra. La guerra no debiera confundirse con los estragos que provoca, es algo previo, aquello que, por ejemplo, incita a los cobardes a la rendición.

En el caso español, los secesionistas pretenden hacer precisamente un tipo de guerra que, al menos inicialmente, no requiera violencia excesiva, un conjunto de desplantes que busquen la rendición del contrario, que la Nación española acepte las amputaciones que los infatuados y supremacistas rebeldes tengan a bien imponerle. Lo paradójico es que cuando se les acuse de rebelión traten de excusarse con argucias extraídas del orden constitucional que pretenden destruir, pero lo que raya en el delirio es que obtengan el amparo de quienes juraron defender la Constitución y la ley y evitar por todos los medios a su alcance que los enemigos de la libertad y de la ley obtengan cualquier clase de ventaja con sus acciones.

¿Cómo vamos a dejar sin castigo a quien ha querido derribar la Constitución y se ha ciscado en centenares de leyes?

La diferencia entre la guerra y la paz consiste, precisamente, en que los conflictos y los delitos no se resuelven con bombas y crímenes, sino que quedan en manos de jueces imparciales que deciden las penas que correspondan a quienes han burlado las leyes comunes o se han rebelado contra el orden constitucional. Es mucho mejor resolver así las cosas, cuando se puede, que mediante la destrucción violenta del que ha desafiado a la ley. Pero de ninguna manera se puede dar un premio de supuesta misericordia a quien haya intentado imponerse por las bravas, incluso cuando su cobardía y debilidad no haya logrado la parte esencial de lo que pretendía, cuando su rebelión no ha sido coronada por el éxito.

¿Cómo vamos a dejar sin castigo a quien ha querido derribar la Constitución y se ha ciscado en centenares de leyes, y lo ha hecho, además, tras recibir múltiples avisos de que lo que estaba intentando era ilegal y no podría llegar de ninguna manera a buen fin? Cualquiera que usase de esa especie cobarde de supuesto apaciguamiento estaría incitando a repetir el delito cometido, sería como si mostrásemos al delincuente la manera de evitar eficazmente el castigo para que a la siguiente oportunidad tuviese mejores opciones de llevar a cabo su propósito criminal.

La única manera de evitar que en el futuro se puedan cometer, con mejor o peor fortuna, intentonas similares a las que hemos padecido, es aplicar la ley con frialdad y rigor, y hacerlo con los medios que las sociedades civilizadas han establecido al respecto, leyes claras, jueces imparciales y procesos con garantías.

Las condenas serán las que fueren y se podrán recurrir mediante las diversas instancias que ha previsto el ordenamiento legal español y por las cortes supranacionales que pudieren resultar competentes, en su caso. Lo que no cabe hacer es chapucear con lo esencial, con las condiciones mismas de la convivencia pacífica que se expresan en la separación y limitación de los poderes y en el respeto absoluto a lo que, en tiempo de paz, dicten los tribunales de Justicia, porque, en efecto, negar ese acatamiento es lo esencial en una declaración de guerra, ya que guerra es oponer la fuerza a las razones de la ley.

Y el argumento no se invalida por mucha que sea la fuerza ni porque pretenda disfrazarse de pacífica manifestación de una voluntad que no puede considerarse popular porque es, descaradamente, un intento de imposición de una parte contra el sistema en el que se enmarca pacíficamente el conjunto de la sociedad española, la única Nación que el mundo entero reconoce, como se acaba de mostrar sobradamente, y que es la realidad histórica y moral que ha adoptado y establecido la Constitución a la que todos hemos de someternos.

Muchos de los que defienden pasar página y mirar para otro lado están comprometidos con una posibilidad nada remota de derribar todo el régimen constitucional para que del caos subsiguiente pueda derivarse su poder omnímodo

Apenas puede haber alguna duda de que si se preguntase a los españoles, en especial a los de izquierdas, si son partidarios de alguna clase de privilegios, contestarán con una rotunda negativa, y es incluso probable que se sintiesen agredidos por la mera pregunta. Y, sin embargo, algunos de los que dicen oponerse a cualquier privilegio, pretenden ahora que se haga una excepción con los cabecillas de una rebelión que podría acabar costándonos insoportablemente cara, tanto a ellos como a nosotros, a todos.

Se trata de un caso espectacular de disonancia cognitiva, de defender una cosa en la teoría y preconizar la contraria en la práctica, aunque esta interpretación podría ser excesivamente benevolente, al menos en algunos casos. No hay que olvidar que muchos de los que defienden pasar página y mirar para otro lado están comprometidos con una posibilidad nada remota, con la esperanza, que hay que esforzarse en que resulte vana, de derribar todo el régimen constitucional para que del caos subsiguiente pueda derivarse su poder omnímodo, el privilegio infinito de los vencedores, el poder absoluto para los liquidadores del orden constitucional.

Ese es el objetivo común de los supremacistas catalanes y de quienes les bailan el agua. Y su éxito pasa necesariamente por abolir el imperio de la Ley y la Justicia y la independencia de los jueces. Luego vendría el derrocamiento del Rey y, seguramente, las milicias populares, los escuadrones del nuevo orden. No soy pesimista, no creo que lo vayan a conseguir, pero es preocupante que ahora mismo tengamos un Gobierno que parece creer esa monserga de que la política puede librarnos de aplicar la ley cuando convenga.

Sin máscaras

El prestigioso diario EL País, en su página de Opinión del propio diario, adjunta un sucinto y certero artículo, por lo cual, entendiendo que puede ser del interés de nuestros lectores, lo adjuntamos en elblogdefcosvi.  

Manifestación de la Diada en la avenida Diagonal de Barcelona. ROSER VILALLONGA (AP) / VÍDEO: ATLAS

Sin máscaras

La Diada es una demostración de que el sistema democrático español funciona

EL PAÍS

Opinión

12/09/2018

Los partidos y asociaciones que defienden la secesión de Cataluña no celebraron ayer la Diada de los ciudadanos catalanes, sino exclusivamente la de los independentistas. La manifestación convocada en Barcelona fue una prueba adicional de la ilegítima apropiación de una conmemoración que el sistema democrático español amparó de inmediato, nada más poner fin a la dictadura que la ignoró y la reprimió durante cuatro décadas. Para los organizadores de la Diada, no parece existir diferencia entre aquella situación y la de hoy, en la que los ciudadanos de Cataluña que salieron ayer a las calles de Barcelona dispusieron de sus derechos de expresión, manifestación y reunión para protestar de que no gozan de ellos, según rezaba paradójicamente el lema bajo el que fueron convocados. Si estos ciudadanos entienden que la marcha fue un éxito para el independentismo, por las mismas razones quienes se oponen a la secesión de Cataluña pueden considerar que lo fue sobre todo para el sistema democrático español, en la medida en que un acto como el de ayer fue realizado al amparo de sus libertades.

El ejercicio que hicieron de ellas los manifestantes demuestra además que los dirigentes independentistas sometidos a un proceso judicial no están en prisión o reclamados por la justicia por haber reclamado la secesión de Cataluña, puesto que eso es lo que se hizo en las calles de Barcelona; si se encuentran privados de libertad y a la espera de juicio es por haber querido imponérsela por vías de hecho a la mayoría de catalanes que la rechaza, privándolos de su libertad y de sus derechos mediante la derogación de la Constitución y del Estatut con una simple mayoría parlamentaria, convocándolos después a un referéndum ilegal y, en fin, tratando de extraer de unos resultados que solo les constan a ellos consecuencias políticas irreversibles para todos. Por lo demás, existen razones más que fundadas para lamentar que la crisis catalana llegará a los tribunales, donde lo que rige en democracia no es la política sino la ley. Pero es preciso recordar que, aunque por razones distintas, tanto contribuyeron a ello el Gobierno que durante seis años se abstuvo de adoptar cualquier iniciativa política que disuadiera a los independentistas de cometer este atropello, como los independentistas que, enardeciéndose con su propia propaganda, no dudaron en cometerlo.

El número de los asistentes a la manifestación de la Diada es una cuestión determinante para los independentistas y menor para quienes rechazan la secesión: en ningún caso la legitimidad democrática se obtiene de las calles, como tampoco de ninguna eventual asamblea establecida ad hoc interpretando que el voto que los ciudadanos emiten en un marco institucional sirve para cualquier otro marco que decidan arbitrariamente los electos. Esta Diada ha demostrado, sin embargo, que al independentismo que perdió el órdago de convocar unas elecciones plebiscitarias le puede estar costando mantener las magnitudes de las exhibiciones de masas.

Lo único que demuestran las manifestaciones organizadas desde un Gobierno y desde asociaciones que se conciertan con él, es la necesidad de ejercer la autoridad con responsabilidad, que es lo que la Generalitat dirigida por Quim Torra parece rehuir una ocasión tras otra. Hasta ahora los independentistas se habían apropiado de la celebración de la fiesta nacional de Cataluña sin verbalizarlo. Esta vez lo han hecho por boca del president, y se han desenmascarado.

La transición: confesiones para párvulos y desmemoriados

Adrián Mac Liman, periodista, escritor, corresponsal de diversos e importantes diarios internacionales, publica en su blog: Ventana al Mundo, una vez más escribe un muy interesante artículo con una acertada reflexión final.  Por considerar que puede ser del interés de nuestros seguidores lo adjuntamos en elblogdfcosvi.  

Adrián Mac Liman 

La transición: confesiones para párvulos y desmemoriados

Por: Adrián Mac Liman

Ventana al Mundo

29/08/2018

Ginebra, 17 de octubre de 1975. El teléfono sonó dos veces aquella tarde. Los mensajes, aparentemente contradictorios, se complementaban. El primero en llamar fue Carlos Godó, dueño de La Vanguardia Española, uno de los empresarios de prensa más liberales de la época franquista. “Escuche Adrián: el Rey está en Lausana. En fin, me entiende, me refiero al padre del Rey, quiero decir, del Príncipe. Me entiende, ¿verdad? Por favor, vaya a verle de mi parte. Dígale que el conde de Godó le saluda muy cordialmente. ¿Me comprende? Muuuy cordialmente ... “.

La matización parecía superflua; el tono de su voz reflejaba perfectamente los sentimientos. Por poco se me olvida que en 1939, al final de la Guerra Civil, el dueño del rotativo catalán regresó a Barcelona con los convoyes del ejército nacional, vistiendo uniforme de “requeté”. Aunque también es cierto que durante las casi cuatro décadas de la cacareada “paz de Franco”, la aristocracia de dinero de la Ciudad Condal se fue apartando progresivamente de la molesta y sofocante doctrina del Glorioso Alzamiento Nacional.

La separación resultó ser progresiva, aunque no total. Unas semanas más tarde, el 21 de noviembre, don Juan de Borbón me sorprendió con su “sentido pésame”. “Lo siento mucho por su padre, Mac Liman”. “¿Mi padre, Señor?” “Sí, por el fallecimiento de su padre…”.  “Pero...¡mi padre vive!”  “Se equivoca usted; su padre ha muerto”. Un buen amigo diplomático, monárquico de toda la vida, se encargó en dilucidar el misterio. “¿Viste la portada de La Vanguardia? A Godó se le ha ocurrido titular: HA MUERTO EL PADRE DE TODOS LOS ESPAÑOLES. El Rey (don Juan) está muy molesto con “tu” conde. Podías haberte ahorrado el viaje…”  No me incumbe a mí mentar la hipocresía catalana.

La segunda llamada no me cogió desprevenido. Reconocí la voz de Manolo Velasco, director de CAMBIO 16. “Mira, esto se está acabando. Ve a Lausana y averigua qué opinan los monárquicos. Y de paso, cuéntame cómo se prepara la ruptura”.

Eso... ruptura... Durante la larga agonía del viejo dictador, nadie se atrevió a pronunciar su nombre en las conferencias telefónicas internacionales. La prensa estaba amordazada; el omnipresente servicio de escuchas de la Dirección General de Seguridad se dedicaba a grabar las llamadas con París y Londres, Lausana y Washington.

Joaquín Muñoz Peirats me acogió en el hotel Royal de Ouchy, residencia provisional de don Juan de Borbón en los últimos meses de 1975, tras su precipitada salida de Estoril. “¿Tú también vienes a ver al Rey?”. En efecto, desde su llegada a Suiza, el Conde de Barcelona había recibido a numerosas personalidades españolas: monárquicos, liberales, nacionalistas, miembros del Opus Dei. Trato de hacer memoria: ah, ¡sí! y también a un par de futuros ministros socialistas.

Le hablé a Peirats de mi doble y, por consiguiente, ambigua condición de emisario-periodista. Sonrió; le encantaba sonreír. “Descuida: aquí lo único que cuenta es la condición de ser humano, de español, de monárquico, de liberal...”.

Los visitantes del fin de semana empezaron a llegar a la caída de la tarde. Después de la cena, se habló de España, del porvenir de la Corona. A puerta cerrada, sin testigos. Quienes acudieron a la cita, a las múltiples citas de aquellas semanas, respetaron durante décadas el pacto de silencio qué se habían impuesto voluntariamente.

¿La ruptura? Decididamente, don Juan no parecía dispuesto a avalar un proceso susceptible de provocar nuevos enfrentamientos, de resucitar los traumas del pasado. La tradición liberal de la monarquía aconsejaba apoyarla apertura política, no la ruptura. “Será un proceso largo, complejo y complicado; un ejercicio difícil, que aún no tiene nombre. Pero, ¿qué más da? El nombre es lo de menos”, confesó aquella noche un miembro del Consejo privado del Conde de Barcelona.

Apertura, cambio, reforma, ruptura, continuismo. Detrás de cada vocablo había un proyecto concreto, un grupo de personas, una opción política. La mera prudencia aconsejaba disociar la figura de Don Juan de Borbón, la institución monárquica de las corrientes existentes en aquel entonces. Tardé más de 48 horas en encontrar una definición a la vez neutra y novedosa, recurriendo a la única palabra jamás pronunciada en los maratonianos conciliábulos de Lausana: transición. El editor de CAMBIO16, Juan Tomás de Salas, decidió apostar por ella, dedicándole la portada del semanario a finales de noviembre de aquel año. Quienes pertenecen a la generación acostumbrada a leer entre líneas, a escribir entre líneas, recordarán sin duda que en aquel entonces las palabras solían encerrar cargas explosivas.

Washington, abril de 1976. Acompaño a mi colega Rafael Calvo Serer, comentarista político del diario mejicano Excelsior  y, ante todo, enviado de la “Platajunta”, conglomerado de agrupaciones de oposición antifranquista creadas en los últimos meses de 1975, a una de sus habituales citas con el senador Hubert H. Humplhrey, presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso de los Estados Unidos. Según él, el contraste era benéfico: de este modo, se estimula el debate.

En efecto; Rafael habla del franquismo, de la dictadura, de la opresión. El viejo político demócrata le interrumpe al cabo de un rato. “Le recuerdo, míster Calvo, que Franco murió hace seis meses”.

“Franco sí, senador; pero el franquismo no. En España aún no hay democracia”, repone el artífice de la coalición de París.

Humphrey me dirige una penetrante mirada inquisidora. “Es cierto, no la hay, pero... pero sí la habrá”, contesto casi sin percatarme.

El senador bajó la cabeza, ensimismado. “En resumidas cuentas, señores, ¿qué convendría hacer para amparar a la joven democracia española?", preguntó tras un largo silencio.

Así nació la young Spanish democracy, hermana pequeña de la transición. Pero lo cierto es que a Hubert Humphrey le debemos mucho más que una mera aportación lingüística a las etapas clave de la historia española; las actas del Congreso desvelan el verdadero alcance de su involucramiento en la larga marcha hacia la democracia.

Quienes pretenden reescribir la Historia, borrar el pasado, deberían recapacitar. Acabar de un plumazo con la Transición (de la que reniegan) equivale al sacrificio del Padre. 

¿Algún psiquiatra amigo para desenredar este entuerto?