En opinión nuestra, la de elblogdefcosvi, que nada sabemos de
leyes, pero si de lo que la democracia debe de representar, y que tristemente
no está representando, entendemos de que ya de por si es toda una anomalía democrática
que muchos de los políticos catalanes que participaron en los tristes hechos
acaecidos entre los meses de septiembre y
octubre, donde se violó la Constitución Española y el Estatut de Catalunya, además de no respetarse
los derechos del resto de los políticos parlamentarios
opositores, representantes de un 52% de la ciudadanía catalana, estén
muchos de ellos ocupando puestos políticos en las instituciones, como la del Parlament de Catalunya. Y para más inri, cuando el papel de éstos, continua siendo el mismo, ocupen a raíz de las elecciones generales del pasado 28-M, escaño en el Parlamento,
en el Senado Español y lo puedan
ocupar en el Parlamento Europeo. Políticos catalanes que, desde los antidemocráticos
y escandalosos hechos acaecidos de últimos del 2017, no han parado de hacer otra cosa que denigrar al estado español, a todo lo que este significa y aleccionar en ello desde los medios de comunicación públicos a muchísima de la ciudadanía catalana.
Y encima de todo ello, unos ya
cobran del estado, otros pretenden continuar haciéndolo y otros hacerlo, para desde el mismo, continuar con su labor anti-estado, este lleno a su
vez de inquina hacia el mismo y a todo el que se les ponga enfrente.
Nada sabemos de leyes, pero es
evidentemente que la democracia debe de establecer leyes que la salvaguarden de
cualquier atrocidad cometida o que se pueda cometer contra la misma. No ha sido así, no fue
así, por ejemplo; a raíz de la
convocatoria electoral autonómica anunciada el pasado 27 de octubre del 2017, por el Presidente
del Gobierno central, señor Rajoy, unas elecciones para 21
de diciembre del 2017. Por lo cual, entendí , así lo consideré y escribí en su día en mi blog, elblogdefcosvi, que el gobierno central, debería acordar con el resto de las fuerzas políticas la modificación con carácter de
urgencia de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), con la finalidad de evitar que se pudieran presentar políticos catalanes en las autonómicas del 21-D que participaron en el Parlament de Catalunya en los graves hechos transgresores de septiembre y octubre del 2017. No fue así, y tampoco al prevalecer la prioridad política partidista, alejada esta de todo sentido de Estado, no lo ha sido para las pasadas elecciones generales del 28-A, ni lo será para las del próximo 26-M.
Sin ética política y sin rigor democrático, no hay democracia,ni justicia.
El escrito nos lo ha provocado, la acertada editorial del periódico,
El Mundo. Por ello y por entender que la misma puede
ser del interés de nuestros seguidores, la adjuntamos en elblogdefcosvi.
Escandaloso respaldo de la Fiscalía al fugado Puigdemont
Editorial
periódico El Mundo
a 05/05/2019
Por primera vez desde que se iniciase el procés independentista, la Fiscalía se ha puesto de parte de los intereses de Puigdemont, un prófugo de la Justicia, procesado por el grave delito de rebelión, que pretende representar en el Parlamento europeo a una nación cuya Constitución no reconoce. Es cierto que España es uno de los países más garantistas de la UE, como se está demostrando en el juicio que está teniendo lugar en el Tribunal Supremo contra los políticos golpistas que proclamaron unilateralmente la independencia de una parte del Estado siguiendo el nada ejemplar modelo balcánico de los años 90.
Sin embargo, no es aventurado pensar que en la decisión del Ministerio Fiscal hayan primado más las directrices políticas que la defensa de unos supuestos derechos electorales vulnerados por la Junta Electoral Central (JEC). Por desgracia este Gobierno ya sentó un precedente de instrumentalización de la Justicia al obligar a la Abogacía del Estado a modificar su escrito de acusación, para descartar pedir penas por rebelión para los responsables del golpe de Estado de septiembre y octubre de 2017 y rebajarlas a la mitad, por el delito menos grave de sedición. Para ello, hubo que eliminar del documento la palabra violencia, como denunció Edmundo Bal, el abogado del Estado purgado por la ministra Dolores Delgado, por negarse a firmar tal tropelía.
En esta ocasión, el asunto es más grave ya que se trataría, en primer lugar, de un intento de desactivar a la Junta Electoral Central, la máxima autoridad del Estado en estas cuestiones durante los períodos electorales. Pero en segundo lugar, con su actuación, la Fiscalía estaría alimentando la imagen victimista que cultiva Puigdemont en Europa, donde presenta a España como un país que no respeta los derechos y libertades fundamentales. Resulta paradójico, por otra parte, que alguien con esa catadura moral, recurra a la legislación garantista de un Estado de derecho al que desprecia para lograr sus propósitos.
Porque si bien son razonables los argumentos aportados por la Fiscalía en respuesta al recurso presentado por Puigdemont y los ex consellers Antoni Comín y Clara Ponsatí contra la decisión de la JEC de no permitir su candidatura a las elecciones europeas en representación de Lliures per Europa (Junts), también lo es que la resolución de la JEC se ajustaba plenamente a derecho además de ser absolutamente lógica. ¿Cómo va a representar a España en una institución comunitaria un político que lideró un golpe de Estado y que ha huido para no responder ante la Justicia?
Finalmente, será el TS quien decida si los tres prófugos pueden o no presentarse, pero tendrá que tomar en consideración que, como dice la JEC, ninguno cumple el requisito mínimo e imprescindible de haber comunicado su lugar de residencia en el censo. El Gobierno no puede blanquear la imagen de Puigdemont para ganarse su apoyo y justificar su política de connivencia con quienes quieren destruir España.
