Crónica Global, medio de comunicación digital e independiente, edita un magnifico artículo de Carlos Jiménez Villarejo, con respecto a lo acaecido en el Parlamento catalán el pasado 27. Un escrito el cual por entender que puede ser de interés de nuestros lectores, lo incluimos en el blog.
Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal de la Audiencia Territorial de Barcelona, ex Fiscal jefe de anticorrupción, cofundador de Justicia Democrática. Autor de varios libros, articulista. Miembro de ACNUR (agencia de la ONU, para los refugiados), miembro de Federalistas de Esquerra, ex eurodiputado de Podemos. Dirigió en su labor como Fiscal en 1984, junto José María de Mena la querella contra los ex directivos de Banca Catalana, incluyéndose a Jordi Pujol, ya Presidente de la Generalitat de Catalunya. Sufriendo ambos Fiscales, duros ataques.
Nota delblogdefcosvi:
Un nuevo desafío y van demasiados, de los conversos independentistas y los de siempre, para la “desconexión unilateral” de España. Desobedeciendo con ello al Tribunal Constitucional, más la continua existencia de bravatas. Las cuales incomprensiblemente bien podrán satisfacer a una mayoría de independentistas, pero que únicamente son; baladronadas, pero….a nuestro juicio; nocivas para la mayoría social, la democracia y el País. Puras y duras constantes puestas de escena; solo “peixet”. Toda una vergüenza política, una falta de respeto hacia la ciudadanía.
Una prolongada farsa. Únicamente mantenida dado al inaceptable dominio de los "independentistas" sobre el ente público de comunicación y de la mayoría de los medios de comunicación catalanes tradicionales, a las incomprensibles ineptas respuestas del gobierno central y a la enorme negligencia e irresponsabilidad política del resto de los partidos políticos.
El Golpe de Estado secesionista
Por: Carlos Jiménez Villarejo
Crónica Global
Diario digital e independiente
29/07/2016
Yo soy uno de la mayoría de catalanes que luchan por un pueblo de Cataluña en solidaridad con los pueblos de España, empeñado en la construcción de una España justa e igualitaria en el marco de un Estado federal.
Voy a empezar con una cita del texto escrita en 1876 por un catalanista y republicano como Pi i Margall: "Derribar y no levantar muros debe ser el fin último de la política... Enseñemos a nuestros compañeros que los seres humanos conviven con hombres de otras razas y otros colores, no solo en lo referente a comercio, sino también en la comunidad de ideas y sentimientos". Y agregó, tras reiterar la "ineficacia de sistema unitario", que "el principio de la federación es el único que puede unir nuestro linaje en un todo orgánico".
Inspira una gran preocupación, e incluso miedo, que una coalición tan dispar como la de JxSí y la CUP sea capaz de desafiar nuestra democracia
Por éste y muchos otros antecedentes más recientes son inaceptables las resoluciones del Parlamento de Cataluña del 9 de noviembre de 2015 y del pasado 27 de julio, anunciando el inicio de un proceso constituyente que concluirá con la ruptura y la pretendida creación de un “Estado independiente catalán". Representa un alzamiento antidemocrático contra el Estado constitucional actual, creado después de tres años de guerra civil y 40 años de dictadura. Es un golpe de Estado.
Por ello inspira una gran preocupación, e incluso miedo, que una coalición tan dispar como la de Junts pel Sí y la CUP, minoritaria en votos ciudadanos, sea capaz de desafiar nuestra democracia y atribuirse la representación de Cataluña, llamando a la desobediencia de leyes democráticas como la Constitución y las normas democráticas españolas, y hacerlo todo como si de un grupo de agitadores se tratara, sin base legal alguna para justificar su alzamiento.
Y preocupa por muchas razones. Porque lo han hecho aprovechando la ley electoral española --que les ha concedido más escaños de los que proporcionalmente les correspondían--, adulterando un proceso electoral con este fin. Legalmente, dicho procedimiento solo está pensado para generar una alternancia en el gobierno de Cataluña. Estas resoluciones están, pues, viciadas por un ardid espurio en la aplicación de la ley electoral. Trampa que, además, no les impidió perder apoyo ciudadano.
Asimismo, son inaceptables decisiones políticas como estas resoluciones, adoptadas lo admitamos o no en el marco de un Estado democrático: carecen de toda legitimidad democrática.
Nadie pone en duda la condición de la nación de Cataluña ni la Constitución de 1978, que, a pesar de sus precauciones y resistencias, la reconoce implícitamente en la disposición transitoria segunda cuando se refiere a "los territorios que en el pasado habían sometido a plebiscito proyectos de estatuto de autonomía", entre los que solo figuran el País Vasco y Cataluña. Ciertamente no se optó, con la aprobación de las fuerzas políticas catalanas, por un Estado federal estructurado, pero se aceptó un Estado descentralizado por la vía de las comunidades autónomas.
Cataluña no está esclavizada o dominada por España, y es falso que la supuesta independencia augure una futura libertad
Está claro que nosotros reconocemos y apoyamos el derecho de los ciudadanos de Cataluña --huelga decir, de todos sus ciudadanos-- a disfrutar de un régimen de autonomía mucho más amplio en cuanto a sus competencias, y en la exclusividad de la mayoría de ellas. Pero Cataluña, ligada históricamente a España durante siglos, solo puede y debe hacerse desde la aceptación y el respeto de las instituciones democráticas de España que, por supuesto, requiere una profunda reforma constitucional. Un punto de partida que no puede ser pasado por alto: Cataluña no está esclavizada o dominada por España, y es falso que la supuesta independencia augure una futura libertad.
Los ciudadanos catalanes, como los españoles, están sufriendo con la misma severidad los efectos de la crisis económica y la restricción de las libertades. Muy simple: el proceso soberanista ha discurrido paralelo al desarrollo de las políticas del PP, y ha sido dirigido por una fuerza política; CDC , ahora integrada en Junts pel Sí--, que, como el PP, está carcomida por la corrupción. La supuesta independencia implica calculadamente la plena impunidad. No se puede soslayar que la intención es deshacerse de la jurisdicción penal del Estado que, en este momento, investiga al fundador de la formación, al ex secretario general de la misma e hijo del antiguo líder y a toda su familia, así como a destacados altos cargos de CDC.
Desde el inicio de este proceso, Convergència Democrática de Cataluña, o como se diga ahora, ha practicado un nacionalismo del bienestar que permitió y permite mantener un equilibrio entre las políticas económicas y sociales más conservadoras y la promesa, por supuesto engañosa, de un futuro de prosperidad y justicia.
¡Ya basta!
Exigimos el cese de este proceso fraudulento y solicitamos a la ciudadanía y a las instituciones catalanas la lealtad a los trabajadores de España, que sufren, en todo caso, iguales o peores privaciones que los trabajadores catalanes. Y exigimos especialmente la lealtad institucional --presente en el Estatuto de autonomía en vigor-- hacia la democracia española, de la que forman parte y de la que se benefician, sin perjuicio de una renovación profunda. Pero, sobre todo, lealtad a los pueblos de España en un Estado, por supuesto, de naciones y regiones libres y plenamente reconocidas.
Constituye un grave error histórico romper una convivencia de siglos desde el radicalismo propio de todos los nacionalismos, el de "nosotros" contra "ellos", cuando éstos, es decir aquellos que se dicen "españoles", llevan tiempo perjudicados por la política neoliberal y autoritaria del actual Gobierno de España y el de Cataluña, muchas veces aliados. No hay que olvidar que si se produjera una ruptura se generaría una crisis de la convivencia, de diversidad en el trato y la consideración, de exclusión, de desprecio e incluso de hostilidad. Basta con revisar nuestra historia europea reciente.
Permítame recomendar a los ciudadanos y formaciones independentistas ese hermoso cartel de solidaridad de la Cataluña republicana durante el asedio fascista en la capital del Estado: «Ayuda permanente a Madrid».
