La primera vía
por: Miquel Iceta
La Vanguardia 29/06/2014
El presidente Mas tiene la intención de convocar una consulta el 9 de noviembre, firmando el decreto de convocatoria justo después de la aprobación de la ley de Consultas no Refrendarias por parte del Parlament.
Se ha comprometido a someter a la ciudadanía el disparate de doble pregunta subordinada que fue acordada entre CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP. Utilizar la ley de Consultas no Refrendarias para hacer una pregunta propia de un referéndum es un error que comportará la suspensión de la convocatoria por parte del Tribunal Constitucional, sin que se pueda descartar tampoco la impugnación de la propia ley.
Los socialistas catalanes hemos defendido desde siempre que la única salida a la anomalía democrática causada por la sentencia del Tribunal Constitucional que alteró el texto del Estatut votado por la ciudadanía es que los catalanes puedan votar para decidir el futuro de nuestro autogobierno.
El problema es que la actitud hostil del Gobierno de España se ha visto reforzada por los errores cometidos por el Govern. Insistir en celebrar la consulta el 2014 -cuando hubiera sido más prudente esperar a las próximas elecciones generales-, el hecho de que el Parlament de Catalunya haya aprobado una declaración de soberanía y que el Govern haya fijado de forma unilateral fecha y pregunta, alimentan una dinámica de confrontación que no favorece, sino que hace imposible una consulta legal y acordada.
La insistencia de los socialistas catalanes en una consulta legal y acordada no es un capricho, sino, sencillamente, la única forma de hacerla posible tal como ha puesto de relieve de forma contundente la resolución del Tribunal Constitucional sobre la declaración de soberanía aprobada por el Parlament.
El compromiso del PSC con la celebración de una consulta se concretará en la votación de la ley de Consultas no Refrendarias si, tal como los partidos hemos acordado, recibe el visto bueno del Consell de Garanties Estatutàries.
Pero como ya he apuntado, la aprobación de esta ley no garantiza por sí misma la celebración de la consulta. Hay cinco posibilidades: un acuerdo entre los dos gobiernos que haga posible la consulta (poco probable), que el Gobierno de España se inhiba ante la convocatoria unilateral de la consulta por parte del Govern (poco probable), que el Govern insista en organizar una consulta aunque el Tribunal Constitucional haya suspendido su convocatoria (situándonos fuera del Estado de derecho), que alguna organización de la sociedad civil tome en sus manos la organización de la consulta (cosa que la privaría de toda legitimidad), o que el presidente de la Generalitat sustituya la consulta por una convocatoria de elecciones al Parlament en el momento que él considere oportuno o le sea dictado por las circunstancias.
Hoy por hoy sólo parece razonable la última opción, que no satisface a nadie. Por eso es incomprensible que el presidente de la Generalitat sea incapaz de cambiar de estrategia. Quizás espera que el Gobierno de España flexibilice su posición o, incluso, que formalice una oferta política que justifique un cambio de hoja de ruta. Pero yo me pregunto, ¿qué sentido tiene dejar la iniciativa únicamente en manos de los que combatieron el Estatut, de los que lo recurrieron y de los que han desarrollado una política tan contraria a los intereses de Catalunya?
¿No sería mejor hacer las cosas de otra manera? ¿No podríamos pensar en una pregunta viable que diera a las instituciones catalanas la fuerza imprescindible para negociar? Tampoco entiendo por qué se abandona la perspectiva de un nuevo acuerdo que podría consistir en la negociación de un pacto fiscal solidario, la garantía efectiva de las competencias de la Generalitat en lengua, educación y cultura, y un marco que facilite la proyección exterior de Catalunya. Y tampoco es sensato despreciar las posibilidades de una reforma constitucional federal, o la inclusión de los derechos históricos recogidos en el artículo 5 del Estatut en una disposición adicional de la Constitución. Todas estas iniciativas podrían ser objeto de consulta para dar un mandato a las instituciones catalanas, y el resultado de la negociación sería también sometido al voto de la ciudadanía con el fin de decidir.
Creo sinceramente que la estrategia del presidente Mas es errónea y peligrosa y, en el mejor de los casos, no lleva a ningún sitio. Celebrar la consulta y alcanzar un nuevo acuerdo sólo es posible a través del diálogo, la negociación y el pacto. Es la vía del juicio, la vía con la que estamos comprometidos los socialistas catalanes. La vía para alcanzar avances en el autogobierno, en el reconocimiento de la nación catalana y en la modernización del Estado. La primera vía.
