Enric
Company, una vez más ha escrito un buen artículo de opinión para el prestigioso
diario El País.
Por entender que puede
ser del interés de nuestros seguidores, dado que retrata una realidad , adjuntamos dicho artículo en nuestro blog.
Hace referencia a una de tantas situaciones políticas que se están viviendo en nuestro país. Situación política, a cual a nuestro criterio, es toda una enorme vergüenza política y democrática. Que lamentablemente afecta, a nuestro criterio, sin duda a la ciudadanía, al País y al mismo prestigio de la política. Lo puedan así percibir, entender o no. Respetándose, como no podría ser menos, cada opinión.
¿Pero no
querían desconectar?
El recurso
a las declaraciones altisonantes que no tienen consecuencias arruina la
credibilidad política
por: Enric Company
A 1/12/2015
El País
El papel lo
aguanta todo, ya se sabe, y esta es la razón por la que la ciudadanía ha debido
acostumbrarse a tomar gran parte de la retórica política habitual por estos
lares como exageraciones o intentos de llamar la atención. Lo aguanta todo el
papel y, en la sociedad mediática, también las ondas radiofónicas y las
pantallas de televisión, hay que añadir. La desmesura, la inadecuación entre lo
que se predica y lo que se practica, entre las promesas y los hechos en que luego
se traducen, desgastan la credibilidad de quienes recurren a ella. La arruinan.
Es lo que le está ocurriendo a Artur Mas, el presidente de la Generalitat en
funciones, aunque no solo a él. La semana pasada, y a propósito de los
acuciantes problemas de tesorería que aquejan a su gobierno, Mas denunció, en
tono dramático, que “la autonomía ya no existe”.
Afirmaciones
como esta pueden ser tomadas quizá como una queja, como una expresión de
victimismo y descontadas como tales. Pero si se recuerda el enorme coste
político que ha exigido a lo largo del siglo XX la instauración, pérdida y
restauración de la autonomía, es justo preguntarse si se está ante una denuncia
basada en una situación real o se está jugando frívolamente con las palabras.
¿Tiene
autonomía Cataluña o no la tiene? ¿Ha sido realmente reducida la Generalitat a
una mera oficina de pagos de la Administración Central del Estado? ¿Ha sido
liquidada por la acción política del Gobierno del PP, como sostiene también
estos días el ahora candidato del partido de Mas, y antes consejero de
Presidencia, Francesc Homs?
La
credibilidad de estas denuncias es alta para una parte de la población
catalana, pues no hay duda alguna de que el 39,5% de votos obtenidos por Junts
pel Sí en las elecciones del 27 de septiembre expresan una gran sintonía con
estas posiciones. Cabe sumarles el 8,2% de votos obtenidos por la CUP y puede
que también una parte por lo menos de los que fueron a parar al partido
socialista y a la coalición de Catalunya Sí que es Pot.
Pero
también cabe por lo menos sospechar que no, que el electorado catalán, o gran
parte de él, está también acostumbrado a interpretar este tipo de denuncias
grandilocuentes en otra clave. A situarlas en una lógica en la que nunca está
claro que los hechos son hechos, las interpretaciones nunca son unívocas, la
distancia entre deseo y realidad es siempre una incógnita.
Las últimas
semanas han deparado algunos hitos políticos que entran de lleno en esta
categoría. Uno de ellos es la resolución del Parlamento catalán del 9 de
noviembre por la que, en su punto segundo, “declara solemnemente el inicio del
proceso de de creación de un Estado catalán independiente en forma de república”.
En esta misma declaración se afirma también, “como depositario de la soberanía
y como expresión del poder constituyente, esta Cámara y el proceso de
desconexión democrática del Estado español no se supeditarán a las decisiones
de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal
Constitucional, que considera faltado de legitimidad y de competencia a raíz de
la sentencia de junio de 2010 sobre le Estatuto de Autonomía de Cataluña,
votado previamente por el pueblo en referéndum, entre otras sentencias”.
Han tenido
que pasar solo dos semanas, y un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy ante el
Tribunal Constitucional, para que el propio Parlamento catalán, a través de su
mesa, notificara al mismísimo Tribunal Constitucional que aquella grandilocuente
“decisión de no supeditarse a las instituciones del Estado español” es una
“simple instrucción indicativa” pero no una “disposición vinculante”. Vaya.
Si esta es
la realidad de la correlación de fuerzas entre las dos partes de esta
confrontación, si basta la presentación de un recurso ante el Tribunal del que
se dice pretender la “desconexión democrática” para que el propio Parlament
corra a echar agua al vino ¿puede alguien creer que así es como se creará la
república catalana a la que se alude?
Este modo
de actuar, tanta afirmación solemne y tanto rectificar frases rimbombantes,
solo causan confusión. Aproximadamente como la que ayer mismo provocaba el
portavoz de la CUP, Antonio Baños, al decir que la negativa del domingo a
apoyar la investidura de Artur Mas para otra legislatura no es definitiva. Que
no vale, vaya, que es como la resolución del Parlament sobre la desconexión,
que no tiene efecto vinculante. Vaya.
