Regeneración democrática urgente
por: Miquel Iceta
29 julio 2013
Hace pocos días se hacían públicos los resultados del Eurobarómetro encuesta periódica que lleva a cabo la Comisión Europea desde 1973 y que analiza y evalúa el estado de la opinión pública de los ciudadanos de los Estados miembros. Es, por tanto, un instrumento eficaz para conocer la realidad de los problemas que afectan a la ciudadanía europea y la percepción de ésta tanto de la propia Unión como de su futuro.
Los medios de comunicación se hacían eco de los resultados, haciendo hincapié en que España es el país en el que la ciudadanía se siente más pesimista respecto a su futuro. Un 99 % de la población, según estos datos, manifestaba que la situación económica es mala y más de la mitad reconocían que no podían hacer planes de futuro dada su situación precaria.
Estos datos se suman a los ya conocidos sobre la percepción que la ciudadanía tiene sobre las instituciones, la degradación de la confianza en la política, en los políticos y en los poderes públicos. Así como el desapego y el desafecto hacia el sistema del que nos hemos dotado. Datos, todos ellos, extremadamente preocupantes.
Porque la realidad es tan dura como tozuda. Y la realidad es que los índices de paro juvenil, de paro de larga duración, de cierre de empresas, de contracción del consumo, por poner unos ejemplos, que se añaden a los recortes de los servicios públicos impuestos por el Gobierno, son la muestra del estado en que se encuentra el país y su ciudadanía. Un país con menos derechos, con menos futuro y sometido a una fuerte carga ideológica en la orientación de las políticas públicas.
En este contexto, el presidente del Gobierno, asediado por las evidencias relacionadas con el caso Bárcenas y el posible cobro de sobresueldos provenientes de supuestos pagos de comisiones por empresas que habrían recibido un presunto trato de favor en la concesión de obras públicas, permanece parapetado en La Moncloa, blindado por una mayoría absoluta de su partido en las Cortes que, en vez de ser utilizada para impulsar un programa de reformas, de estímulo económico y de crecimiento, es utilizada a modo de torre inexpugnable de defensa, desde la que se niega a dar las explicaciones necesarias.
Finalmente, el 1 de agosto es la fecha en que Rajoy comparecerá, cediendo a la presión ejercida por Alfredo Pérez Rubalcaba a través de su anuncio de presentar una moción de censura, y por una prensa internacional escandalizada por un silencio en apariencia culpable.
Pero Rajoy puede tropezar con la tozuda realidad. Su perenne capacidad para mirar hacia otro lado, desde los tiempos de ministro de Aznar, puede acabar agotando su crédito político. Porque en la situación actual, donde la credibilidad de las instituciones está seriamente tocada, y la estabilidad política está seriamente dañada, lo último que necesita el país es un presidente obstinado en negar la realidad.
Una realidad que no sólo es preocupante en lo económico. También en la calidad de nuestra democracia y en el funcionamiento de las instituciones y actores públicos. Con una diferencia: así como la lucha contra la crisis tiene una clara dimensión europea, la tarea de regenerar nuestra democracia sólo depende de nosotros.
Y tampoco parece que en este terreno el presidente Rajoy, su gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sustenta vayan a tomar la iniciativa. Pero es urgente impulsar reformas en nuestro sistema político. Debemos reflexionar sobre la necesidad de cambiar la ley electoral para acercar los representantes a la ciudadanía y aumentar la capacidad de elección de los ciudadanos con un sistema de representación proporcional personalizada como el vigente en la República Federal Alemana.
Debemos también reformar la financiación de los partidos, controlando mejor sus gastos, haciendo absolutamente transparentes sus ingresos y asignando un interventor independiente a cada formación política con representación parlamentaria. También deberíamos aprovechar la ley de transparencia para asegurar que no se producen desviaciones en los procesos de contratación del sector público y la eficacia de sus mecanismos de control externo, así como reformar la ley de partidos para asegurar un funcionamiento escrupulosamente democrático y participativo, regulando también los procesos de primarias para la elección de candidatos.
Ninguna de estas cuestiones, si escuchamos a nuestros conciudadanos, admite espera.
