Hoy, el
prestigioso diario El País, en su Editorial publica esta interesante opinión
EDITORIAL
Saltarse las leyes
Desde la ilegalidad no se puede
construir nada que aspire a tener legitimidad
El País 21 Julio 2015
La
ilegalidad no proporciona legitimidad, por más que sus promotores se encuentren
con una victoria electoral en el camino. Los atajos o los fraudes de ley son
inadmisibles, sean normas transitorias o propuestas para desconectarse de la
legalidad española que lleven a la ruptura constitucional. Lejos de reducirse a
un problema formal o una preocupación juridicista, el fondo del asunto es el
necesario respeto a la ley que caracteriza a las sociedades civilizadas.
La
dinámica en que Artur Mas lleva
embarcado desde 2012 —cuando perdió
respaldo electoral tras anticipar los comicios en más de dos años— se ha basado
en la creación permanente de sucesos y operaciones tacticistas con las que
tensa cada vez más la cuerda. Favorecido por las dificultades de sus
adversarios para organizar una alternativa sólida, su estrategia actual
persigue obtener la mayoría relativa de los votos en las urnas autonómicas del 27 de septiembre y lograr un efecto de arrastre sobre las elecciones generales, de forma que se
incremente la cuota de independentistas entre el casi medio centenar de
diputados que Cataluña envía al Congreso.
Estamos
ante la enésima pirueta del presidente de la Generalitat de Cataluña
para sobrevivir políticamente. Sin embargo (y
salvando todas las distancias), el caso de Alexis Tsipras demuestra los límites de las maniobras: en medio de
las tensiones con el conjunto de la UE,
y singularmente con los países del euro, el primer ministro griego organizó y
ganó un referéndum que solo le sirvió para asumir un plan europeo más duro que
el planteado inicialmente.
Por
supuesto que las votaciones son la base de la democracia, a condición de no
confundir deliberadamente a los electores. Una cosa es que el principio
esencial radique en la capacidad de los ciudadanos de guiar la dirección de la
política; y otra, que los líderes engañen o confundan a los votantes con
simplezas que aumentan la frustración y multiplican las dificultades a la hora
de gestionar las situaciones de crisis. Todo ello se complica aún más con los
llamamientos a saltarse la legalidad, lo cual puede perjudicar gravemente a los
catalanes, pero también al conjunto de los españoles.
La
legalidad tampoco es una trinchera desde la que defender el inmovilismo, sino
la base para quienes se reconocen como partidarios de una organización de la
convivencia que dé seguridad a los ciudadanos. Puede cambiarse a través del
diálogo y del pacto, nunca por medio de decisiones unilaterales. No hay que
organizar una guerra entre legalidad y legitimidad, sino, en su caso, partir de
aquella si se pretende obtener esta.
Es
verdad que, por el momento, las declaraciones a las que hemos asistido en los
últimos días no pasan de la fase de intenciones o de proyecto, destinada a la
agitación electoral. Pero Mas debe
tener muy claro que existen límites en la determinación de lo que puede
debatirse y acordarse en las instituciones autonómicas. En ellas no caben
propuestas que vulneren principios constitucionales, como el que atribuye la
soberanía al pueblo español, “del que
emanan los poderes del Estado”.
El
presidente de la Generalitat de Cataluña debería tenerlo muy en cuenta,
puesto que no en vano es la primera autoridad del Estado en Cataluña: una
característica que define los márgenes de los que dispone para manejar
legítimamente la autonomía.
