Una vez más, el diario digital Crónica Global satisface a sus lectores con un nuevo y apropiado artículo firmado por el jurista español y ex-fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo (3-06-1935- Málaga).
Carlos Jiménez Villarejo, Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Ingresó por oposición libre en la carrera fiscal, siendo nombrado Abogado fiscal en la Audiencia Territorial de Barcelona. A su vez, ha sido cofundador de la asociación Justicia Democrática.
En el año 1984, en su labor como fiscal, junto al fiscal, José María Mena, interpusieron una querella contra Banca Catalana, dada la quiebra de la entidad, provocando entre otros aspectos, todo un enorme perjuicio para sus miles de pequeños ahorradores. Querella que incluyó en la misma a ex-directivos de la entidad bancaria, entre los cuales estaba, Jordi Pujol, ya presidente de la Generalitat de Catalunya. Siendo ello causa de que, desde los partidos políticos nacionalistas, determinadas instituciones y medios de comunicación catalanes se iniciara toda una enorme campaña en contra del estado español. En la memoria de muchos nosotros, está la enorme concentración de mayo del 84, de apoyo y aclamación ciudadano hacia el presidente Pujol. Aglutinando, según los organizadores, a más de 300.000 personas, las cuales le vitoreaban y a su vez culpabilizaban al gobierno central, al PSOE y al estado.
Campaña, fue toda una muestra del abuso, manipulación, utilización del poder conferido, y, por la otra parte, la del estado, la de toda una falta de autoridad con respecto a los distintos gobiernos nacionalistas, 23 años consecutivos. Campaña que con el tiempo a un nivel muy inferior y conveniente ha proseguido de forma constante y persistente. Iniciándose de nuevo dentro de una progresiva virulencia a finales del 2012 a raíz del fracaso, para el presidente Mas, de su reunión con el presidente del gobierno central, señor Rajoy, el 20-09-2012 en La Moncloa. Una campaña que continua hasta el día de hoy y, dentro de un todo desenfrenado in crescendo, frente a toda una continuada enorme torpeza, irresponsabilidad e inoperancia política del resto de los partidos políticos, principalmente de los que forman el gobierno de España.
En 1986 y, únicamente como dato, habiendo como presidente de gobierno el señor, Felipe González, la Audiencia de Barcelona desestimo la querella con 8 votos a favor y 33 en contra.
En el año 1984, en su labor como fiscal, junto al fiscal, José María Mena, interpusieron una querella contra Banca Catalana, dada la quiebra de la entidad, provocando entre otros aspectos, todo un enorme perjuicio para sus miles de pequeños ahorradores. Querella que incluyó en la misma a ex-directivos de la entidad bancaria, entre los cuales estaba, Jordi Pujol, ya presidente de la Generalitat de Catalunya. Siendo ello causa de que, desde los partidos políticos nacionalistas, determinadas instituciones y medios de comunicación catalanes se iniciara toda una enorme campaña en contra del estado español. En la memoria de muchos nosotros, está la enorme concentración de mayo del 84, de apoyo y aclamación ciudadano hacia el presidente Pujol. Aglutinando, según los organizadores, a más de 300.000 personas, las cuales le vitoreaban y a su vez culpabilizaban al gobierno central, al PSOE y al estado.
Campaña, fue toda una muestra del abuso, manipulación, utilización del poder conferido, y, por la otra parte, la del estado, la de toda una falta de autoridad con respecto a los distintos gobiernos nacionalistas, 23 años consecutivos. Campaña que con el tiempo a un nivel muy inferior y conveniente ha proseguido de forma constante y persistente. Iniciándose de nuevo dentro de una progresiva virulencia a finales del 2012 a raíz del fracaso, para el presidente Mas, de su reunión con el presidente del gobierno central, señor Rajoy, el 20-09-2012 en La Moncloa. Una campaña que continua hasta el día de hoy y, dentro de un todo desenfrenado in crescendo, frente a toda una continuada enorme torpeza, irresponsabilidad e inoperancia política del resto de los partidos políticos, principalmente de los que forman el gobierno de España.
En 1986 y, únicamente como dato, habiendo como presidente de gobierno el señor, Felipe González, la Audiencia de Barcelona desestimo la querella con 8 votos a favor y 33 en contra.
En 1987, Carlos Jiménez Villarejo, fue nombrado Fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona. En 1995 fue el responsable de la Fiscalia especial de anticorrupción, siendo cesado de dicha responsabilidad. Únicamente como dato, ello coincidió con la presidencia del gobierno de José Maria Aznar del año 2003. Lo cual motivó que, Jimenes Villarejo solicitara la jubilación voluntaria.
Tras su jubilación y, libre para expresar opiniones, acrecienta su actividad pública civil y de carácter político, manifestando su pensamiento jurídico, así como temas de índole política, participando activamente en diversas organizaciones cívicas de carácter público y privado. Colaborando en diversos medios de comunicación.
Carlos Jiménez Villarejo es autor de varios libros, artículos académicos y de opinión política.
Por considerar que dicho artículo puede ser de interés para nuestros lectores,
elblogdefosvi lo adjunta.
Carlos Jiménez Villarejo
Sánchez y Torra: un extraño encuentro
Diario digital, Crónica Global
Pensamiento
a 25/01/2020
“La contundente, reiterada , contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad” (texto de la sentencia condenatoria del President Torra).
Si ya es sorprendente el encuentro anunciado entre el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo es más cuando va producirse fuera del marco constitucional que se fijó en el acuerdo de un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. En éste, en el apartado 9 sobre Garantizar la convivencia en Cataluña, se afirmaba que “se fomentará el diálogo en Cataluña (...) siempre dentro de la Constitución (...). Garantizando la igualdad entre todos los españoles”. Desde este punto de partida, el posterior acuerdo entre el PSOE, como partido de Gobierno, y ERC, no se ajusta en absoluto a los términos constitucionalistas del primer acuerdo.
Hay mucha retórica, pero gravísimos errores y riesgos. La apelación a los “principios de lealtad institucionalidad y bilateralidad”, es la mera reproducción de lo establecido en el art.3.1 del Estatut de Autonomía. Pero, más allá de esta proclamación, el resto del acuerdo es muy preocupante.
En él, hay una expresa y deliberada omisión de cualquier referencia a la Constitución, núcleo y fundamento de nuestra convivencia democrática desde 1978. Lo que representa la deliberada infracción de dos preceptos básicos del Estatut .
El art. 2.4 de éste establece --y, bajo ningún concepto, puede eludirse-- que “los poderes de la Generalitat” se ejercen “de acuerdo con lo establecido en el Estatut y la Constitución”. La omisión se agrava cuando, en el art. 4.1 del Estatut, al fijarse los “principios rectores” de los poderes públicos de la Generalitat se les impone “promover” los “derechos y libertades” reconocidos en la “Constitución”.
Si ello ya es muy grave, señor Presidente, también lo es que los acuerdos que pretenden alcanzarse solo tengan que contar “con un apoyo amplio de la sociedad catalana”. Ante una crisis política, social y humana tan evidente, es otro y grave error que para la superación de la fractura social que ella representa no se hubiera exigido, explícitamente, una mayoría de nuestra ciudadanía, o, aún más, una mayoría cualificada.
Pero los errores siguen, señor Presidente. ¿Cómo se aceptó, como vía para la resolución del conflicto, ”superar la judicialización del mismo”? Cuando ya han sido condenados dos Presidentes de la Generalitat y los responsables del proceso de ruptura antidemocrática que culminó el 27 de octubre de 2017 . Y, precisamente, cuando en estas fechas el Tribunal Constitucional ha informado de dos sentencias del pasado 15 de este mes rechazando los recursos de amparo de Carme Forcadell y Jordi Sánchez por sus respectivas prisiones preventivas.
Evidentemente, muy fundamentadas. Pero lo más grave es que el partido mayoritario, ya en el Poder Ejecutivo del Estado español, acepte firmar un acuerdo político que representa, cuando menos, una forma de injerencia en el Poder Judicial, quebrantando uno de los cimientos de nuestra democracia.
Porque, aparte del “trabalenguas” que expresa dicho término, como ha dicho con acierto Kepa Aulestia, es muy complejo comprender que entienden por “desjudicialización”. Excluimos que el Ejecutivo pretenda controlar al Ministerio Fiscal, legalmente obligado a actuar con imparcialidad, es decir, con objetividad y rechazando de plano cualquier clase de influencias o presiones, máxime si provienen del ámbito del poder político o económico. Y, aún más, ante la acreditada independencia de la futura Fiscal General del Estado.
Y, ya sabemos, que hay otras vías para favorecer a privilegiados delincuentes como el indulto o precipitadas e interesadas reformas del Código Penal, como están anunciándose por altos cargos del Gobierno. Pero, confiemos en el respeto que merecen el Poder Judicial, los jueces y magistrados en el ejercicio independiente de sus funciones.
En todo caso, ante cualquier medida que pretenda adoptarse para el desarme del Estado de Derecho y la celebración de juicios justos, --no me faltan experiencias-- siempre estará presente el derecho de los ciudadanos para el ejercicio de la acción popular ante los tribunales y su compromiso contra la impunidad.
Pese a todo, ERC y los dirigentes del independentismo saben, sobradamente, que son numerosos los procesos penales pendientes, además de los ya concluídos, especialmente el incoado a causa de la actividad delictiva desarrollada desde 2013 hasta 2017. Y, otros, pendientes de juicio oral o en fase avanzada de instrucción. Por delitos, no solo de rebelión o sedición, sino por otros muchos como malversación de caudales públicos, prevaricación o, entre otros, desobediencia.
Procesos, que es muy difícil que puedan ser afectados por eso que, con el consentimiento del PSOE, han dado en llamar “desjudicialización”. Lo que, en definitiva, representaría una gravísima forma de lo que he calificado de desarme del Estado democrático.Solo para dar satisfacción a un independentismo minoritario, insolidario y excluyente, además de anticonstitucional. Señor Presidente, nuestra democracia es merecedora de una respuesta plenamente constitucional.
