¿Derecho
a decidir o consulta? ¿Independencia o federalismo?
por: Miquel Iceta
21 de febrero del 2014
Nota delblogdefcosvi: La Web; Agora política:Espacio Público, en el apartado de debate del diario sobre "Catalunya y el derecho a decidir" publican este interesante articulo de Miquel Iceta, con el titulo:
¿Derecho a decidir o consulta? ¿Independencia o federalismo?
El
éxito de la expresión “derecho a decidir”
es directamente proporcional a su ambigüedad. Decidir ¿qué?, ¿quiénes?, ¿hay
alguien que no quiera decidir? Lo cierto es que el derecho a decidir no existe
como tal derecho positivo, no es exigible ante ninguna instancia nacional,
europea o internacional.
Demasiado
a menudo se escucha utilizar la expresión “derecho
a decidir” como sucedáneo de “derecho
de autodeterminación”, que este sí existe y está reconocido por las Naciones Unidas a las antiguas
colonias, los territorios ocupados militarmente o aquellos en los que se
persigue y discrimina a las minorías nacionales. Pero no nos encontramos ante
ninguno de estos supuestos.
De
hecho, los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña
decidimos cada vez que votamos, lo hicimos votando la Constitución de 1978, el
Estatuto de 1979, el del 2006 y
siempre que elegimos a nuestros representantes en las instituciones.
Lamentablemente, el Estatuto que votamos en 2006 fue alterado con posterioridad por una decisión del Tribunal Constitucional y, a mi juicio,
la única forma de superar democráticamente esa anomalía es sometiendo un nuevo
acuerdo al voto de la ciudadanía.
Por
otra parte, el principio democrático obliga a buscar el libre consentimiento
ciudadano a nuestras normas de convivencia y una democracia de calidad no puede
limitarse tan sólo a la democracia representativa, sino que debe acoger también
elementos de democracia participativa, referéndums y consultas.
Desde
ese punto de vista resulta especialmente interesante la experiencia de Quebec y sus relaciones con Canadá. La Corte Suprema canadiense emitió una opinión que puede servirnos de
guía. En primer lugar, negó que exista un derecho unilateral a la secesión. En
segundo lugar, avaló la posibilidad de que Quebec pudiese convocar un
referéndum para conocer la voluntad de sus ciudadanos al respecto. Y, en tercer
lugar, señaló que si una mayoría clara respondiese a una pregunta clara
mostrando una voluntad de separarse, Quebec
y el resto de Canadá deberían abrir
negociaciones para dar satisfacción a dicha clara voluntad ciudadana.
Cuando
los socialistas catalanes nos referimos a una consulta legal y acordada tomamos
esa referencia. El referéndum que se celebrará en Escocia el próximo 18 de
septiembre ha sido posible
precisamente por el acuerdo entre los gobiernos escocés y británico, señalando
de nuevo la inviabilidad de procesos unilaterales o que pretendan desconocer la
legalidad y los instrumentos democráticos para modificarla.
Para
llegar a un acuerdo necesitamos buena política, un diálogo democrático, capaz
de conciliar intereses y sensibilidades distintas. Por desgracia, tanto la
cerrazón del gobierno del PP
(responsable también de la feroz campaña contra el Estatuto catalán que culminó con el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional), como los
errores de planteamiento del gobierno de CiU
y sus socios de ERC (que han ido
tomando decisiones unilaterales como fijar fecha y pregunta de la consulta),
nos abocan a un callejón sin salida o, peor aún, a un choque de trenes.
A
menudo se utiliza la expresión “derecho
a decidir” como sinónimo de “referéndum
sobre la independencia”, como si la única decisión posible sobre las relaciones
entre Cataluña y el resto de España fuese la de separarse o seguir
exactamente como hasta ahora, como si no hubiese otras posibilidades. El hecho
de que algunos presenten la consulta como un mero trámite para la
independencia, es un vicio de origen que les resta apoyos.
Al
malestar causado en Cataluña por la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, cabe añadir una percepción de maltrato económico y
fiscal, de erosión del autogobierno y sus competencias, de ausencia de
mecanismos de participación en la formación de la voluntad estatal como un
Senado federal, y de insuficiente reconocimiento de la realidad plurinacional,
pluricultural y plurilingüe de España.
Abordando estos problemas concretos puede encontrarse un camino de solución que
podrá legitimarse después a través de una consulta.
Defiendo
una solución de tipo federal por cuatro razones: 1) Por coherencia con los valores de libertad, igualdad,
fraternidad y solidaridad. 2) Porque
se ajusta mejor al mundo de interdependencias crecientes y soberanías
compartidas en el que vivimos. 3)
Porque evita el choque de identidades y la fractura de la sociedad en función
de los diversos sentimientos de auto-identificación nacional de las personas. 4) Porque se basa en la acción política
democrática, la negociación y el pacto.
Los
socialistas hemos realizado una propuesta concreta de reforma constitucional
federal para abordar en profundidad todas estas cuestiones. Una propuesta que
estamos dispuestos a debatir con todos tomando en consideración cuantas
propuestas se formulen en la búsqueda de soluciones a un problema tan grave
como acuciante.
