Magnifico artículo, un solo aspecto al Profesor Arroyo y desde todo respeto, señalaríamos que el "malestar territorial" no a aflorado al alto nivel actual de forma espontanea, ha sido elaborado, trabajado y en ello se continua pertinazmente e intensamente.
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Antonio Arroyo Gil, Doctor Europeo en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid ( UAM) y Profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad. Es autor de diversos artículos científicos y capítulos de obras colectivas sobre organización territorial del poder y derechos fundamentales, publicados en distintas revistas.
Ha realizado diversas estancias en centros de investigación extranjeros, como entre otros: Universidad de Trier y Libre de Berlín (Alemania). Y en la Universidad de California-Berkeley de Estados Unidos.
Compagina su faceta profesional, docente e investigadora, con el activismo social y político.
Un
referéndum antidemocrático
Modificar
los límites territoriales de España requiere una previa reforma de la
Constitución
por: Antonio Arroyo
El País
07/04/2016
Como
si del eterno retorno de lo mismo se tratara, la cuestión a resolver es esta:
¿es constitucional, y democrático, celebrar un referéndum entre el cuerpo
electoral catalán (o vasco u otro) para decidir si Cataluña (o el País Vasco u
otra comunidad autónoma) debe, o no, seguir formando parte de España? Ni es
constitucional ni —en mi opinión— es democrático.
No
es constitucional porque esa decisión solo puede ser tomada por el cuerpo
electoral español, dado que lo que está en juego es la unidad del Estado,
fundamento de la propia Constitución. Modificar los límites territoriales de
España requiere una previa reforma de la Constitución por la vía del artículo
168 CE, que, entre otras cosas, demanda inexcusablemente un referéndum (de todo
el cuerpo electoral).
Alguien
dirá: “No es para eso para lo que queremos celebrar el referéndum, sino para
saber cuál es la opinión del cuerpo electoral catalán (nos centraremos en este,
aunque el argumento es predicable respecto de cualquier otro) sobre si Cataluña
debe seguir, o no, formando parte de España”.
La peor forma de afrontar el " malestar Territorial" en Cataluña es someter a referéndum entre el cuerpo electoral catalán la decisión sobre la secesión de esta parte del Estado
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Este
planteamiento parte de una concepción errónea de lo que es un referéndum. Los
referendos están pensados o bien para tomar decisiones cuando así lo prevea la
propia Constitución, u otra norma de conformidad con esta, o bien, en el caso
de los consultivos, para orientar la toma de decisiones que la Constitución
deja abiertas (así, el ejemplo de los dos celebrados: permanencia de España en
la OTAN, y aprobación de la Constitución Europea). Pero si el Constituyente ya
ha tomado una decisión, y esta no gusta, lo que se ha de hacer es proceder a la
reforma de la Constitución, no celebrar un referéndum para conocer la opinión
de un determinado cuerpo electoral, que, además, no es el que, llegado el
momento, tiene que adoptar la decisión sobre la reforma de la Constitución. Por
tanto, tal referéndum es inconstitucional.
Que
las cosas, desde una perspectiva jurídica, sean así, no significa que
políticamente no haya que atender el “malestar territorial” que manifiesta un
sector importante de las fuerzas políticas y de los ciudadanos de una parte del
Estado (Cataluña, en este caso). El punto de partida para afrontar esta seria
cuestión política y social no puede ser otro que el respeto al Estado de
derecho. Las normas jurídicas, democráticamente elaboradas, garantizan que las
soluciones que se busquen discurran por cauces no arbitrarios. Tales normas se
pueden modificar, siempre y cuando se siga el procedimiento previsto en las
mismas. Lo contrario es la selva. Desconocer el Derecho, amparándose en razones
supuestamente democráticas (celebración de un referéndum), no es democrático.
Existe una confusión muy extendida al asociar referéndum con democracia,
olvidando que tanto aquel como esta demandan respeto al Estado de derecho, y a
los derechos fundamentales. La democracia no es un puro procedimiento al margen
de la ley y carente de valores. De ahí que la apelación al referéndum como la
forma más pura de democracia deba de ser matizada.
En
el caso que nos ocupa, la peor forma de afrontar el llamado “malestar
territorial” en Cataluña es someter a referéndum entre el cuerpo electoral
catalán la decisión sobre la secesión de esta parte del Estado. Hacer algo así
supone poner a los electores catalanes ante un dilema profundamente divisor.
Significa dar un tajo a la raíz de la convivencia pacífica e integradora. La
esencia de los referendos no es fomentar el diálogo en busca de acuerdos
satisfactorios para todos, a través de un proceso deliberativo, en el que cada
uno expone sus argumentos y evoluciona en sus postulados iniciales, a sabiendas
de que, muchas veces, para conseguir algo hay que ceder algo. No. La esencia de
los referendos es decir “sí” o “no”, y a partir de ahí nos encontramos con
ganadores y perdedores. Justo lo contrario de lo que se necesita para
garantizar la convivencia en un Estado democrático, en el que los que ganan no
deben ganarlo todo y los que pierden no pueden perderlo todo.
Nuestro
Estado tiene problemas de articulación territorial. Ha llegado la hora de hacer
reformas serias para perfeccionar su organización y funcionamiento. Eso es lo
que venimos defendiendo quienes desde hace tiempo apostamos por una reforma de
la Constitución en sentido federal. De esto es de lo que deberíamos hablar, en
lugar de perder las energías en la justificación, o ausencia de ella, de un
referéndum que no cabe porque es inconstitucional y antidemocrático.
